Unidas Podemos lamenta que el Ayuntamiento, invocando una resolución del Comisionado de la Transparencia, no informe de las propiedades eclesiásticas por las que las arcas públicas dejan de ingresar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según resolución del Comisionado de la Transparencia
El grupo municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha recabado del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el dato del dinero que se ahorra la Iglesia católica por el trato de favor que recibe al no tener que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En el caso de la capital tinerfeña, esta cantidad asciende a más de 93.000 euros anuales, cantidad que dejan de percibir las arcas públicas municipales por la exención del pago de este tributo en 107 inmuebles propiedad del Obispado, solo en la capital tinerfeña.
Unidas Podemos solicitó estas cifras por escrito y ha recibido respuesta a las globales, pero no el listado de edificaciones concretas, una información que el Ayuntamiento chicharrero se niega a dar aferrándose a una notificación del Comisionado de Transparencia de Canarias para no identificar los inmuebles y su valor catastral.
La concejala de UP Yaiza Gorrín lamenta que no se puedan obtener estos datos concretos, según el Comisionado porque la Iglesia «no es Estado, ni Comunidad Autónoma ni entidad local, ni tampoco gobiernos extranjeros» y esta información quedaría bajo el amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La edil expone que, obviamente, la exención del IBI no es una decisión municipal, sino estatal, en aplicación del Concordato entre el España y la Santa Sede, por lo que sostiene que ha llegado el momento de renegociar este acuerdo entre estados “para dejar de favorecer de manera injustificada y arbitraria a la Iglesia en un estado aconfesional”.
«Podría entenderse que determinados inmuebles de extraordinario valor artístico e histórico tuvieran subvenciones públicas como parte del patrimonio colectivo», afirma Gorrín, «o que aquellos destinados a fines sociales de ayuda a colectivos vulnerables pudieran beneficiarse de ayudas, incluidas las fiscales, pero no debe ser un beneficio público del que solo goce de manera sistemática una única organización religiosa, y además, habría que determinar en qué usos y finalidades de una propiedad inmueble es justo dar este trato fiscal y qué condiciones deben cumplir esas organizaciones para obtenerlo en cuanto a respeto a derechos humanos y principios constitucionales como el de igualdad y no discriminación».
“Hay que tener en cuenta además que el dinero que deja de percibir el Ayuntamiento por este motivo lo debe sufragar el resto de la ciudadanía con el pago de impuestos”, concluye la concejala de la confluencia de izquierdas.