El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, que el Ejecutivo regional, con sus servicios jurídicos y el personal técnico del área de Salud, analizarán a fondo y presentarán alegaciones al auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, de forma cautelar, anula la decisión gubernamental de la semana pasada de que los bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios exijan el certificado COVID a sus clientes para acceder a los interiores de sus establecimientos.
El Gobierno autonómico tiene tres días hábiles de plazo para presentar estas alegaciones. Según recalcó Pérez, esa medida se adoptó no solo siguiendo los criterios de los servicios jurídicos de la Comunidad y de los técnicos de la Consejería de Sanidad, sino en consenso y a propuesta de diversas asociaciones empresariales de la restauración y hostelería, que plantearon que todos los clientes en los interiores portasen dicho certificado a cambio de subir los aforos en islas en niveles 3 y 4.
El también consejero de Justicia, Administración Pública y Seguridad indicó que el Gobierno no había recibido la resolución del TSJC de forma oficial y que, no obstante, tiene carácter “cautelarísimo”, por lo que ahora se abre el plazo para atender a las alegaciones del Ejecutivo.
Pérez aseguró que los últimos autos que rechazan medidas del Gobierno de Canarias merecen una lectura detenida porque, entre otras decisiones, “nos ha costado entender qué se nos dice sobre el cierre entre las 00:00 horas y las 6:00 en nivel 4 y en el resto. Se deduce que eso se debe a la decisión del Tribunal Supremo sobre el toque de queda, pero esto hay que estudiarlo bien porque el toque de queda se refiere a la movilidad de las personas y el cierre comercial es sobre actividades a esas horas, que están cerradas salvo servicios esenciales, como las gasolineras”.
El portavoz también se refirió a los aforos y a la afirmación de que exigir el certificado COVID puede atentar contra la intimidad de las personas al tener que informar sobre su estado de salud y convierte a los dueños en vigilantes sanitarios. A su juicio, esto choca también porque, “desde hace un año, se exige certificado o test negativo para entrar en alojamientos de las Islas, aparte de que hay controles en puertos y aeropuertos y en muchos centros públicos y privados se piden datos o se hacen mediciones de temperatura”.
Pérez subrayó que, pese a los últimos autos, la mayoría de decisiones del Gobierno de Canarias sobre la pandemia con el fin de conjugar la salud con la actividad económica y la legalidad han sido ratificadas por los tribunales. “Haremos estas alegaciones para saber hasta dónde llega el mandato del tribunal, pero insisto en que todas las medidas las decidimos en función de las recomendaciones y propuestas de los servicios técnicos sanitarios y jurídicos, que cuentan con un equipo de 25 letrados y letradas”. Según remarcó, “el Gobierno ha intentado conjugar la defensa de la salud para que el impacto de la pandemia sea el menor posible, se compatibilice eso con desarrollar la mayor actividad económica factible y con el respeto a las leyes y, en particular, a los derechos fundamentales”.
“Entendemos que nuestras decisiones sobre el certificado están fundadas en derecho”
El portavoz subrayó, asimismo, que si bien el recurso ha sido presentado por dos asociaciones empresariales de Tenerife, el uso del certificado COVID fue acordado con otras entidades de este sector de las Islas y a propuesta de ellas. “En las alegaciones, vamos a defender que la decisión de la semana pasada, a nuestro criterio, está justificada y fundada en derecho. Nos parece que el derecho a la intimidad no puede entenderse lesionado en este caso, aparte de que acudir a un bar, restaurante o gimnasio es una actividad voluntaria. Que se exija este certificado para usar un gimnasio o entrar en un restaurante no se le ha ocurrido solo a Canarias. Se está extendiendo por todo el mundo y el propio presidente de EEUU, Joe Biden, anunciará mañana (viernes, 30 de julio) que los funcionarios públicos deberán proveerse de un certificado COVID”.
Según indicó, ese documento tiene la doble ventaja de que permite ampliar los aforos interiores y proporciona más seguridad a los usuarios de esos negocios. Asimismo, recordó que en las Islas, un millón de residentes ya se ha descargado este certificado del sitio web de la Consejería de Sanidad, “con lo que no parece que sea un requisito que cueste mucho obtener”. El certificado no solo se logra con la pauta completa de la vacunación, sino si se ha pasado la COVID-19 o se porta un test negativo en las últimas 72 horas.