«Que el grupo de gobierno actual haya rechazado una comisión de investigación, propuesta por Unidas Podemos, muestra su baja calidad democrática»
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz de Tenerife, llevará al próximo Pleno municipal una moción que pide al grupo de gobierno la personación del Ayuntamiento en el procedimiento judicial que ha imputado a Miguel Zerolo y a Pablo Abril-Martorel, ex alcalde de Santa Cruz y ex representante de Sacyr en el Consejo de Administración de Emmasa respectivamente, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Unidas Podemos pedirá que el Ayuntamiento se persone como acusación particular para defender los intereses de la ciudadanía.
Trujillo señala que Sacyr tuvo que abonar 60,2 millones de euros por el precio pagado al Ayuntamiento por la privatización del ciclo del agua de Santa Cruz durante 25 años. En junio de 2007, el Consejo de Administración de Emmasa decidió que 59 de los millones de ese precio pagado por Sacyr no eran realmente un precio, sino el adelanto de un canon. Y acordaron que la ciudadanía del municipio, a través de la factura del agua, tendría que devolver esos 59 millones de euros a Sacyr durante 25 años. De paso, Sacyr se quedaba con la explotación de un servicio público a coste cero, a costa de los bolsillos de la ciudadanía y en perjuicio de las otras cuatro empresas que concurrieron a la licitación.
El 27 de junio de 2007, el Consejo de Administración de Emmasa basó su decisión de devolver los 59 millones en un informe de auditoría que no consta. Tampoco consta que se pidieran informes ni a Intervención, ni a la Asesoría Jurídica. Lo que sí consta es un informe de Ernst & Young que justifica devolver los 59 millones y que ese informe es descalificado por la denuncia de la Fiscalía. También consta otro informe anónimo sobre las cuentas de Emmasa que también avala devolver dinero a Sacyr, “quizá redactado por un Fernando de Rojas de la contabilidad chicharrero”. Y, por último, consta un vergonzoso informe del catedrático de derecho administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco José Villar Rojas, que justifica la devolución de los 59 millones a la empresa adjudicataria y que, según la denuncia de la Fiscalía, pretendía “dar apariencia de legalidad” a una decisión que dañaría gravemente los bolsillos de la ciudadanía.
El portavoz municipal de Unidas Podemos considera que es extremadamente grave que se haya tardado más de diez años en detectar una pérdida de 2,3 millones de euros anuales, en una empresa que, además, estuvo intervenida por el Ayuntamiento. Para Trujillo, la incapacidad de detectar un flujo de dinero tan grande, sin soporte legal, suscita dudas sobre lo que haya podido pasar con cuantías mucho menores. Por tal motivo, no es comprensible que el actual gobierno municipal se haya negado a constituir una comisión de investigación para determinar qué ha fallado, qué ha pasado y qué medidas adoptar para que en el futuro esto no se vuelva a repetir. Que el grupo de gobierno actual haya rechazado esa comisión de investigación, propuesta por Unidas Podemos, muestra su baja calidad democrática.
Ramón Trujillo afirma que la privatización de la gestión del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife, por un período de 25 años, ha conllevado posibilitar la extracción de varios millones de euros anuales de los bolsillos de la ciudadanía, en concepto de beneficios, a diferencia de lo ocurrido durante la etapa de gestión pública directa. Asimismo, ha supuesto la implantación de cobros por conceptos inexistentes en la etapa de gestión pública (por ejemplo, ingresos derivados de contadores contra incendios) y un historial de irregularidades (por ejemplo, subcontrataciones prohibidas dentro del mismo grupo empresarial), incumplimientos de lo pactado (por ejemplo, en materia de inversiones) y toda una serie de costes al erario público, no cuantificados, derivados de auditorías, intervención de la empresa, actuaciones judiciales, etc.
El portavoz de Unidas Podemos considera que la privatización del ciclo del agua en Santa Cruz ha causado estragos a los intereses públicos y es uno de los ejemplos más graves de los daños ocasionados por la mala gestión de Coalición Canaria. Esa gestión privatizada también ha supuesto pérdida de puestos de trabajo y una ausencia de transparencia impropia de una empresa que presta un servicio en el marco de un Estado de derecho. En suma, se constata un modelo de gestión que carece de todo sentido económico y social para la ciudadanía, pero que tiene todo el sentido del mundo para una minoría adinerada y especializada en la captura de rentas, gracias a los gestores políticos que han posibilitado tal situación.