Entrevista en Radio San Borondón a Arcadio Díaz Tejera, magistrado en la estancia nº 8 del juzgado de Las Palmas de Gran Canaria con competencias sobre el CIE de Barranco Seco y profesor de Derecho Público en la ULPGC.
Fue Senador del PSOE por Gran Canaria, consejero en el cabildo insular, concejal en el ayuntamiento capitalino y Defensor del Pueblo Canario, además de representar a España en el Consejo de Europa. Su amplia experiencia ha forjado una de las voces más autorizadas del Archipiélago (y del Estado) para hablar sobre migraciones.
“Todo lo que está pasando no era imprevisible ni inevitable”, afirma Díaz Tejera sobre la crisis migratoria actual. El fortalecimiento de los controles fronterizos y marítimos en aguas del Mediterráneo ha desplazado las rutas migratorias hacia el sur. Los servicios de inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado conocían perfectamente las consecuencias de este cambio. Sin embargo, las autoridades españolas y europeas no han afrontado eficientemente esta cuestión.
El magistrado califica la gestión de las administraciones -también canarias- como “incompetente y absurda” y denuncia el trato indigno suministrado a los migrantes en el capítulo más reciente de la crisis. Admite haber advertido a las instituciones competentes que lo que ocurrió en Arguineguín “no tiene cobertura jurídica”, puesto que no se respetaron las condiciones de libertad ni integridad física de los migrantes. Cientos de personas hacinadas en el muelle, durmiendo a la intemperie, sin carpas, sin acceso a duchas, sin poder cambiarse de ropa, resistiendo con tres bocadillos al día… Una situación que Díaz Tejera relata con el dolor de quien conoce bien las historias de supervivencia que hay tras cada uno de los migrantes.
El magistrado recuerda cómo durante la crisis de los cayucos que vivió Canarias en 2006, las administraciones respondieron “en algunos casos en cuatro horas y en otros en cuatro días” para alojar más de 6.000 personas. Sin embargo, denuncia con estupor los cuatro meses que han tardado esta vez los gobiernos en dotar unas instalaciones de acogida dignas para los migrantes.
¿Qué se puede hacer al respecto? Díaz Tejera sostiene: “primero, preguntarle a los que saben”. Critica el hecho de que muchas veces las decisiones sobre esta cuestión sean tomadas por dirigentes sin experiencia o conocimiento de la materia. Además, hace hincapié en la necesidad de dar respuestas políticas frente a este problema. Recalca la necesidad de establecer corredores humanitarios entre países de origen y destino, con visados humanitarios. Con una medida como esta afirma que “nadie pagaría a traficantes de personas” y se atajaría el poder de las mafias que controlan estas rutas.
El magistrado advierte que la presión migratoria no va a disminuir en los próximos años, por lo que invita a aprender de experiencias exitosas de gestión anteriores. Interpela a la clase política por la necesidad de hacer pedagogía pública sobre esta cuestión para luchar contra los prejuicios y enfrentar el discurso de la ultraderecha. A quienes se creen y repiten argumentos de odio contra los migrantes, los invita a preguntar a la gente que ha estado trabajando con ellos, “no conozco a nadie que hable mal de ellos”. A propósito de los migrantes marroquíes, afirma que “quienes dicen que nos mandan a los que tienen antecedentes penales yerran por completo”. Si bien admite la excepcionalidad de algunos casos de “marroquíes que vienen por sugerencias desde instancias oficiales, algunos con antecedentes penales”, asocia este hecho a un juego de presiones y forcejeos internacionales en determinados momentos del año. Por lo que el magistrado no deja lugar a dudas y concluye que, tanto en el caso de los procedentes de Marruecos como del África subsahariana, “la inmensa mayoría es gente tranquila, noble, educada y correcta”.