El pasado lunes 21 de septiembre me reuní con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para avanzar en la coordinación de la toma de las decisiones que debemos afrontar los responsables públicos ante las distintas crisis que estamos viviendo en Gran Canaria y en el conjunto de nuestro archipiélago.
En el encuentro debatimos cuatro asuntos de singular trascendencia en estos momentos para Gran Canaria: la crisis sanitaria provocada por la segunda oleada de la COVID-19, la crisis migratoria por la llegada de más de 5.000 personas en lo que llevamos de año, la crisis turística por la inclusión de Canarias como destino de riesgo por parte de los principales países emisores y la crisis social y económica que se está produciendo en la isla.
Por supuesto, hemos estado en contacto desde el inicio de la pandemia, durante todo el mes de agosto y septiembre, pero era absolutamente necesario que mantuviéramos esta reunión entre instituciones como punto de inflexión, para diseñar estrategias conjuntas ante los duros meses a los que nos vamos a enfrentar. Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de que todas las administraciones públicas y la sociedad civil colaboremos para avanzar coordinadas y maximizar los efectos de las medidas que adoptemos.
Los últimos datos sobre la propagación de la COVID-19 en el archipiélago y en Gran Canaria están siendo relativamente positivos, estamos consiguiendo doblegar la curva y nos acercamos, con altibajos, a los 50 casos por cada 100.000 personas, cifra que exigen algunos países para sacar a las islas de la lista de destinos de riesgo. Pero esto no nos puede hacer bajar la guardia y relajarnos como hicimos durante el verano. Esta fue la principal causa del rebrote. La responsabilidad cívica es fundamental, especialmente en Gran Canaria ya que es la isla con más casos.
En la reunión le transmití al presidente que es absolutamente necesaria una mayor presencia de las fuerzas de orden público en el control de las medidas de prevención anti-COVID. La relajación y la falta de respuestas es algo que me preocupa sobremanera. Es necesario vigilar los espacios públicos, ayudar a los ayuntamientos que no cuentan con policías suficientes y hacer un seguimiento a las personas contagiadas que incívicamente se están saltando la cuarentena y poniendo en riesgo a las personas cercanas. Y para que haya más presencia tiene que haber más personal y, por tanto, un incremento de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las islas.
Tenemos que llevar a cabo un mayor control en los aeropuertos y establecer medidas de rastreo de personas que vengan de comunidades con altos índices de contagio. Ese control es necesario también para llegadas que se produzcan a través del Puerto de La Luz, ya que se están realizando atraques y cambios de tripulación sin ningún tipo de seguimiento, en muchos casos además con barcos que llegan de lugares especialmente afectados. Habrá que estar atentos también a la posible vuelta de estudiantes a sus casas si se cierran las universidades madrileñas por la propagación del virus en la capital de España. Este fue uno de los principales focos de contagio en la primera ola de marzo.
Es importante que no nos relajemos en la atención a los gestos cotidianos, en los que muchas veces bajamos la guardia, como las imágenes que hemos visto en estos días de padres y madres que se agolpan con sus hijos a la entrada y salida de los colegios y que pueden frustrar el esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa. Y por supuesto, seguir profundizando en el seguimiento de concentraciones, botellones, etc. por parte de las fuerzas del orden público. Yo sería también más contundente en el control de los horarios nocturnos, en las actividades de ocio…
En las últimas semanas he hablado y escrito sobre la crisis migratoria, cuya evolución no es tan positiva. La descoordinación, la desinformación y la falta de transparencia siguen estando presentes. Veintiséis años después de la llegada de la primera patera seguimos sin centros de acogida dignos. Se siguen improvisando lugares de alojamiento, cuando en Canarias se dispone de espacios como por ejemplo infraestructuras militares dependientes del gobierno central para alojar a estas personas. Son inadmisibles los desencuentros entre los ministerios de Defensa, Interior y Migraciones así como que el ministro de Migraciones, el señor Escrivá, no haya venido a Canarias a dar la cara y se sacuda sus responsabilidades acusando de insolidarias a las instituciones canarias. Además el SIVE no está funcionando adecuadamente, permitiendo la llegada de pateras hasta las costas y el desembarco de personas desorientadas y exhaustas. No puede ser que existan zonas de sombra en este sistema de vigilancia y que no se corrijan.
Le transmití también al presidente del Gobierno de Canarias que es necesario que se establezcan mecanismos de solidaridad entre islas. Gran Canaria y sus instituciones lo son y no se han visto correspondidas por el resto del Estado. Y al mismo tiempo es imprescindible que se produzcan derivaciones a la península y al continente europeo (que es donde realmente quieren ir las personas migrantes). De lo contrario, corremos el riesgo de que Gran Canaria se convierta en una “isla cárcel” como Lesbos o Lampedusa, o que asistamos a un atentado contra la dignidad de las personas y los derechos humanos como el vivido en Moria.
La situación en el muelle de Arguineguín, en el que aún continúan varios cientos de personas durmiendo en el suelo, es insostenible y tiene que acabarse. Se deben potenciar asimismo las políticas diplomáticas con Europa y África, y buscar alternativas adecuadas para los menores no acompañados, tanto para el periodo de tutela del Estado, como para no dejarlos “abandonados” y sin recursos una vez cumplen la mayoría de edad.
Ángel Víctor Torres y yo coincidimos en que la prioridad debe ser la recuperación turística, y que para ello la unidad de acción es absolutamente imprescindible. Ningún territorio insular puede ir por libre, de la misma manera que Gran Canaria no lo hizo cuando presentaba los mejores indicadores. El Gobierno de Canarias, los cabildos, los municipios turísticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos deben ir de la mano para reivindicar la continuidad de los ERTE, garantizar corredores turísticos seguros, diseñar un plan de reactivación turística eficaz y para que la incidencia de las crisis sanitaria y migratoria no afecten a este sector.
En la reunión solicité con firmeza que tanto para el plan de reactivación económica como para el plan de reactivación turística se cuente con la participación del Cabildo de Gran Canaria – en realidad de todos los cabildos – para presentar propuestas que tengan que ver con el diseño estratégico de futuro del modelo de isla que defendemos. La distribución de los recursos se tiene que realizar en función de las necesidades reales de cada territorio y de la afección de las crisis en la pobreza, el paro y la caída del turismo. Gran Canaria cuenta con proyectos de desarrollo estratégicos para avanzar en la economía verde y en la diversificación y debe contar con la solidaridad del Estado y del Gobierno canario.
A nadie se le escapa que la situación es muy delicada y que los efectos de las diversas crisis pueden ser devastadores para nuestra isla, para Canarias. Pero también es cierto que se nos presenta una oportunidad única en décadas para dar pasos decisivos, a través de los diversos planes de inversión públicos, en la diversificación y sostenibilidad de nuestro modelo económico. Para eso es imprescindible, insisto, que las distintas instituciones públicas de Canarias y la sociedad civil trabajemos de manera conjunta, coordinada y solidaria para afrontar nuestros problemas. Desde el Cabildo de Gran Canaria siempre estaremos dispuestos a avanzar en ese sentido.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria