La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este jueves el acuerdo con la familia de Antonio Plasencia, uno de los condenados por el ‘caso Las Teresitas’, para recuperar 95 millones de la operación de compraventa del frente de playa.
Así lo ha anunciado en la comisión de control el concejal de Hacienda, José Sabaté, quien ha señalado que el expediente –tres tomos de más de 13 centímetros– cuenta con informes favorables del secretario general, la tesorería y el coordinador general de Hacienda.
No obstante, ha advertido de que aún hay «discrepancias» sobre la tasación del edificio de Cabo Llanos ya que Tinsa fija un valor de más de 23 millones y sostiene que el inmueble está concluido y el aparejador municipal lo rebaja a 20 millones. «El acuerdo está muy avanzado y solo queda este fleco», ha subrayado. Además, ha comentado que en las cuentas municipales ya hay algo más de 2,4 millones recuperados a raíz de la sentencia judicial.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ángel Martín, ha comentado que el acuerdo se trasladará ahora a la Audiencia Provincial, que será la encargada de ratificarlo, e insistido en que «se presionará» a los otros condenados para obtener «hasta el último céntimo».
Martín ha dicho también que el alquiler de la actual sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias –incluido en el acuerdo– va a dar tres millones de euros anuales al consistorio, y tiene la ventaja de que se pueden utilizar como gasto corriente y en un momento donde va a haber «tensiones» derivadas de la crisis económica, mientras que si se vende solo se puede destinar a inversión.
En cuanto al cobro de otros 32 millones durante los próximos 14 años, ha señalado que hay «garantías más que suficientes» para garantizar el cobro, derivadas del parking del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega.
Alfonso Cabello, del Grupo Nacionalista, ha reclamado el expediente para estudiarlo en profundidad e incidió en que es un «acuerdo bueno» para la ciudad, dejando claro que cualquier concejal de la corporación hará todo lo posible por que la sentencia se cumpla «ahora, en el pasado y en el futuro».
Carlos Tarife, del Grupo Popular, ha lamentado que la alcaldesa, Patricia Hernández, no hubiera informado antes a los grupos municipales que a los medios de comunicación y cree que era más «razonable» que el Gobierno de Canarias comprara la sede de Educación y el Ayuntamiento obtuviera el pago.
No obstante, ha insistido en que es «un buen acuerdo para la ciudad» y no ha querido «poner padres y madres» a la operación pues cree que otros grupos políticos también hubieran podido llevarlo a cabo.
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, ha resaltado que el acuerdo ha sido posible gracias a la querella por alzamiento de bienes interpuesta por el actual equipo de gobierno aunque entiende que el acuerdo «tiene que ser perfeccionado».
Además, ha dicho que la sede de la Consejería de Educación es un ejemplo de «estado depredador» al preguntarse cuanto dinero hubiera recibido el empresario pues el inmueble está valorado en 32 millones, cantidad que ya casi ha pagado el Gobierno de Canarias en concepto de alquiler, podía haberlo adquirido también en propiedad y, además, hubo beneficios fiscales durante la construcción derivados de la RIC.