El 95% de los gastos suscritos por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vulnera la Ley de Contratación del Sector Público, según una auditoría sobre los procedimientos de contratación realizados por dicha entidad, que también concluye que las contrataciones se hicieron de manera discrecional -«a dedo»-y sin que se pidiera, tal y como exige la normativa vigente, tres presupuestos antes de contratar. En este caso, el 95% de los contratos no lo tenían o sólo contaban con un presupuesto.
Estos datos han sido dados a conocer en una rueda de prensa urgente por la primera teniente de alcaldesa, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, quien este fin de semana ha recibido los resultados de dicha auditoría, en la que se realiza un estudio de control interno de la Sociedad de Desarrollo desde 2017 y que fue uno de los compromisos que asumió hace un año cuando tomó posesión como concejala.
De la auditoría también se concluye que los contratos menores que se llevaron a cabo por parte de la Sociedad de Desarrollo durante el periodo de estudio suponen un incremento en el precio de la contratación, cuando lo más factible sería atender a la Ley de Contratación del Sector Público, lo que supondría un ahorro en dichas contrataciones.
Además, de los contratos objeto de muestreo durante el ejercicio 2017 se incoaron 38 expedientes sin presupuesto, 87 con uno sólo, 15 con dos y 5 con tres presupuestos, una situación que prácticamente se repite en el ejercicio 2018, año en el que se suscribieron 2 expedientes de contratación sin presupuesto, 48 con uno, 3 con dos y ninguno con tres presupuestos.
Asimismo, el panel de indicadores de la muestra analizada por el auditor concluye que el 100% de las actuaciones administrativas no contaba con informes de necesidad o eran informes insuficientes o no razonables, con motivaciones inadecuadas.
Matilde Zambudio señaló que con los resultados expuestos en esta auditoría se acredita que en la Sociedad de Desarrollo, mientras estuvo al frente Alfonso Cabello, se actuaba de manera «sistemática y generalizada» como su fuera un «chiringuito político», donde prevalecía el «dedazo» frente a la Ley a la hora de adjudicar los contratos.
Zambudio añadió que este estudio ha dado las claves para realizar un plan de acción, con una planificación previa, para que la Sociedad de Desarrollo dé un «giro de 180º» respecto a su gestión, donde primarían las licitaciones y los convenios marco y, de esta manera, obtener precios homologados y mejorando el sistema de contratación.
La edil quiso dejar claro que los trabajadores de la Sociedad de Desarrollo «siempre han llevado a cabo un gran trabajo» y consideró que la auditoría «pone de relieve un problema de gestión y directrices políticas, un grave problema de adjudicaciones a dedo en contra de interés de los vecinos y las empresas», y cuyos resultados llevará a la Fiscalía.