En un marco de considerables dificultades objetivas y subjetivas propias de la situación de pandemia por el coronavirus y tras un lento proceso de recuperación paulatina de la capacidad movilizadora se produjo una convocatoria estatal para el 20 de junio derivada de la realizada por CASMadrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad) de manifestación en Madrid y con la reivindicación principal de la derogación de la Ley 15/97, ley privatizadora por excelencia de la Sanidad Pública. Tal convocatoria se tradujo en otras tantas manifestaciones o concentraciones en distintos puntos del Estado.
Esta convocatoria que procedía de un sector muy definido de profesionales, sindicatos alternativos y grupos políticos agrupados en CASMadrid logró enlazar con colectivos diversos de distintos territorios pero una buena parte de las organizaciones vinculadas a las luchas de las Mareas Blancas permaneció al margen tras evaluar que aún no se daban las condiciones idóneas tanto en cuanto a la mejora con la desescalada en la predisposición subjetiva de la población para movilizarse como respecto de la mínima recuperación del agotamiento del personal sanitario de cara a su determinante participación organizada. Se trató de una convocatoria más bien de arriba hacia abajo faltando, incluso dentro del conjunto de colectivos que suscribían el llamamiento inicial, la adecuada consulta y organización de abajo hacia arriba que garantizara que el momento y las formas fueran las más adecuadas para lograr la mayor y mejor de las participaciones, siendo la del personal sanitario particularmente escasa por lo menos en unos cuantos sitios de los que tengo información.
Aún así el resultado debe valorarse como positivo en cuanto que ha sido un arranque y un calentamiento para la puesta a punto del movimiento de defensa de la Salud y la Sanidad Pública que inevitablemente irá a más, tiene que ir a más, ya que no queda otra si queremos estar a la altura, en primer lugar, de lo que supone una pandemia con una sanidad que no ha sido restituida en sus recortados y desmantelados recursos tanto en su vertiente de Salud Pública y Prevención como de Atención Sanitaria, particularmente de Atención Primaria, así como, en segundo lugar, respecto del notable deterioro de la salud de la población que trae consigo el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de un importante porcentaje de la misma.
Ha de ser el movimiento obrero en general, más allá de la clase trabajadora del sector sanitario, el llamado a desarrollar la lucha por la salud pública a través de la garantía de mejora de las condiciones de vida y trabajo que debe suponer la conquista de la derogación de las sucesivas reformas laborales de 2010 y 2012, exigencia que es previa a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y que ya produjo movilizaciones en 2014 particularmente contra las políticas de austericidio y desigualdad, contra la cesión de la soberanía estatal a la Unión Europea y contra el sacrificio salarial y la destrucción de empleo derivadas de la reforma de 2012 impuesta por el gobierno del PP. Aún dejando pendiente la eliminación de la reforma laboral de 2010 del PSOE, la de 2012 no solo estaba en el programa de los partidos que sustentan al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sino que además el apoyo social recibido por estas formaciones en las últimas elecciones debe mucho a dicho compromiso electoral. Sin dudas hará mucho más por la salud de la población la conquista de las referidas derogaciones que los mayores presupuestos sanitarios y sociales.
Arturo Borges Álamo, médico
Miembro de la ADSPC