La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exige a la Consejería de Sanidad que proceda a derivar a centros privados solventes y con capacidad para ello a los pacientes urgentes que vayan llegando, dada la saturación de las urgencias en los hospitales públicos
COMUNICADO EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LAS SANIDAD PÚBLICA DE CANARIAS
En su comparecencia pública de ayer el Sr. Presidente Ángel Víctor Torres afirmó con rotundidad la disponibilidad de camas de UCI tanto públicas como privadas para atender a los pacientes afectados por coronavirus. Se sabe que la capacidad de ingreso en UCI define el riesgo de saturación del sistema sanitario y ante el dato manejado por el Sr. Presidente nos preguntamos hasta qué punto el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que él encabeza ha evaluado correctamente la situación real de esas camas en la privada ya que no es la misma que en el papel.
El pasado viernes comenzó a funcionar dicho Comité y ese mismo día se reunió con las empresas privadas del ámbito sanitario. Se comunicó que el objetivo de este encuentro era «coordinar la atención sanitaria en Canarias para combatir conjuntamente la propagación del Covid-19» y habiendo acordado trasladar enfermos crónicos a centros privados, eso sí «antes se les harán pruebas que demuestren que están libres del virus y no suponen una amenaza de contagio en su nuevo destino», los portavoces de la patronal privada afirmaron que «la estrategia es concentrar los casos de coronavirus en la pública.»
Esto último nada tiene que ver con lo afirmado por el Sr. Presidente ni con lo estipulado en el Decreto del Estado de Alarma cuando dice «el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus» y si habiendo esperado hasta ahora que la Consejera actuara en consecuencia nos ha venido a generar también dudas la participación en el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Conrado Domínguez y de José Julián Istúriz personajes claramente comprometidos con los intereses de las empresas privadas del sector sanitario, este último sustituyó a José Manuel Baltar como Vicepresidente de ASPE, alianza de la patronal española, cuando Baltar asumió la Consejería de Sanidad junto a Conrado Domínguez .
Si ya nos desesperaba la timidez de Teresa Cruz para ejercer las competencias que le delegaba el Decreto del Estado de Alarma lo que ahora nos indigna sobremanera es la desfachatez de la patronal y la presencia de los denominados «técnicos» citados que, mucho nos tememos, en vez de disponer de las infraestructuras y el personal de la sanidad privada para atender pacientes contagiados por el coronavirus se aprestan a lo que llaman «colaboración pública-privada» en el marco habitual de acuerdos y conciertos bajo condiciones que les convengan a las empresas privadas. Con la correspondiente selección de riesgos y además que presenten, como es el caso del Grupo San Roque, ERTES que pueden suponer que tampoco estén ni se les pueda esperar para ayudar en estos graves momentos.
Sr. Presidente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exigimos que ante un servicio de urgencias saturado en un hospital público, se proceda a derivar a centros privados solventes y con capacidad para ello a los pacientes urgentes que vayan llegando. Exigimos que ante una falta de camas en un hospital público por la cantidad de pacientes ingresados por el contagio del coronavirus, se deriven pacientes a un hospital privado con la obligación ineludible por parte de éste de atenderlo con todos los medios necesarios.
Solo de esa manera entenderemos la participación de las empresas privadas ante la dramática crisis sanitaria actual y desde luego consideramos que se lo deben a una población que ha visto muy gravemente dañado el escudo protector que debía constituir su Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad por la ingente cantidad de dinero público que desde hace muchos años le ha sido sustraída de sus recursos para que dichas empresas se convirtieran en boyantes negocios para enriquecer a sus propietarios y condicionar las políticas de los sucesivos gobiernos de Canarias.