La medida afecta a unas 15.000 personas, y solo se mantiene la interrupción del plazo en el proceso selectivo de Ingenieros Industriales, que concierne a 15 personas, hasta que se obtenga pronunciamiento judicial
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras consultar con los servicios jurídicos, ha decidido alzar la resolución de la Dirección General de Función Pública adoptada por el anterior Gobierno autonómico el pasado 19 de julio y dejarla sin efecto para los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, hasta que haya un pronunciamiento judicial.
Con tal fin, se ha firmado una nueva resolución, con fecha 6 de agosto de 2019, que permite continuar el curso de las convocatorias, en sus distintas fases, según explicaron hoy en rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quienes indicaron que las personas actualmente afectadas por estos procesos son unas 15.000, en su mayoría correspondientes a las convocatorias de los cuerpos de Auxiliares y Administrativos.
La Consejería tuvo conocimiento de la decisión del anterior Ejecutivo el pasado 31 de julio a través del Boletín Oficial de Canarias, tras lo que solicitaron informes de manera inmediata tanto a la Dirección de la Función Pública como de los Servicios Jurídicos del Gobierno “para dar las máximas garantías a dichos procesos selectivos y asegurar los derechos de las personas interesadas y sus familias”, detalló Pérez, quien aseguró que “nos comprometimos en una pronta solución y creemos haber cumplido”.
No obstante, señaló, se entiende pertinente la suspensión del plazo de la convocatoria relacionada con la especialidad de Ingenieros Industriales hasta que se resuelva la rectificación del error material solicitada respecto al fallo de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 14 de junio de 2019. En cuanto a este proceso selectivo son 15 las personas afectadas actualmente.
Pérez destacó que se ha tomado la decisión de levantar la suspensión, basada en derecho, al entender que es la más adecuada jurídicamente. Se trata además, agregó, de una medida política basada en el interés por resolver la situación de forma rápida para no perturbar el funcionamiento de la Administración autonómica y no causar desasosiego en las personas que opositan.
“El Gobierno de Canarias quiere cuidar mucho al personal público y esmerarse en los procesos para la selección de aspirantes”. Remarcó El consejero recordó que el origen de las dudas sobre los procesos selectivos surge a raíz de dos sentencias del de la sección segunda de la Sala lo Contencioso del Tribunal, de fechas 17 de octubre de 2018 y del 14 de junio de 2019, que estiman que el artículo 3 de la orden de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos de la Comunidad Autónoma de Canarias vulnera lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública de Canarias. Dicha norma señala que “la oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición”.
Sin embargo, aclaró, la sentencia que origina el conflicto no se funda en este motivo, sino en la falta de una justificación suficiente en el caso enjuiciado para hacer la selección por concurso-oposición y no por oposición.
“Es decir, lo que pone en duda el TSJC es la fase de concurso de méritos, no los procesos selectivos convocados”, resaltó Pérez, quien remarcó que al llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad “nos hemos encontrado con un problema importante, al que hemos dado máxima prioridad para dar tranquilidad a las personas afectadas y resolverlo en el menor plazo de tiempo posible”. “Para este Gobierno los recursos humanos son los activos más valiosos”, aseguró.
Pérez aprovechó la ocasión para expresar su propósito de reducir la interinidad y promover la estabilización del personal afectado, para lo cual apeló al diálogo con los sindicatos y deseó su contribución, al tiempo que recordó que existe una previsión legal de situarla por debajo del 8 por ciento.