17 de abril de 2019. La Laguna amaneció lluviosa y fría. Con las primeras luces del alba la Plaza del Adelantado reflejaba el tenue sonido que hacían las gotas de lluvia sobre su pavimento centenario. A las nueve y media de la mañana la ciudad ya había despertado y el ruido del tráfico cortaba de raíz la magia del ruido de la lluvia.
Fernando aparentaba estar tranquilo y se esforzaba en poner su mejor cara de buena persona, con su flequillo de pelo-pincho y su mirada de adolescente travieso. Miró a la jueza, a quien había podido esquivar en un par de ocasiones, y se preguntó por qué estaba allí. Al fin y al cabo no había sido más que una golfería de las muchas que se hacen a diario en los ayuntamientos ¿Que favoreció a unos amigotes? ¿Acaso no es el deber de un Alcalde favorecer a todos los administrados y preocuparse por ellos? ¿Acaso no es el deber de un alcalde velar por el interés general y por la continuidad de los servicios públicos? ¿Acaso no estaba allí por una denuncia con intencionalidad política que solo buscaba erosionar su imagen para intentar conseguir lo que los votos negaron a su inquisidor hacía casi cuatro años? Sin dejar de poner su cara de buena persona Fernando repasó mentalmente las ideas-fuerza que había ensayado minutos antes con su abogado, un caro y mediático profesional, conocido por haber defendido a grandes defraudadores a la Hacienda Pública.
Tras las presentaciones de rigor y las correspondientes acreditaciones, la jueza Celia Blanco manifestó a Fernando Clavijo “se le imputa presuntamente los siguientes delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y que se ha entrevistado reservadamente con su letrado que le asiste con carácter previo a este acto, que conoce los hechos que se le imputan y es su deseo declarar en este momento”. Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la instrucción de estas diligencias, manifiesta “Que entiende los presuntos delitos que se le imputa, así como los derechos que en este acto le son leídos”. Así, literalmente, figura en el acta de la toma de declaración al investigado.
Miércoles 18 de abril. El periódico “El Día”, en un pasado célebre por la demencia senil de sus editoriales que pretendían poner los “clorocos” sobre la mesa en su defensa de Nivaria frente a los intereses del “sanedrín de Vegueta”, titula en primera página: “Clavijo sale del juzgado sin imputaciones de la juez”. Más adelante repite la misma hazaña informativa a doble página y con tipografía aún mayor.
“El Día” ya no es propiedad del fallecido don Pepito, cuyo mote “Pepito apagabombillas” acuñó el periodista más mamporrero que ha parido esta tierra, ni de su familia. Sus muchos problemas económicos dieron lugar a que ahora su cabecera sea propiedad de otro medio también caracterizado por su flexibilidad e imaginación a la hora de informar a unos lectores -que pagan por ello- en todo cuanto concierne a los escándalos y problemas judiciales de Coalición Canaria.
La pregunta es ¿Quién nos defiende de los medios mamporreros? A simple vista es fácil intuir una relación entre la degradación de la política y el conocimiento que tiene la población a través de los medios de comunicación, ahora convertidos en medios de propaganda ¿Acaso no debería ser delito mentir a los lectores, que pagan por ello, dándoles una información absolutamente falsa que sirve a fines espurios y totalmente ajenos a la misión de la prensa? En una sociedad que genera tal cantidad de información que nos es imposible asimilar de forma directa, no tenemos más remedio que recurrir a los medios de comunicación ¿Pero qué pasa cuando la comunicación se convierte en pura propaganda? ¿Qué sucede cuando estos medios de propaganda son capaces de alienar a una gran parte de la sociedad hasta el punto de condicionar su voto en los procesos electorales?
El Código Penal define los delitos de injurias y calumnias, que suelen traen causa de una falta a la verdad. El Código Civil a su vez regula y sanciona la publicidad engañosa, pero ¿Quién nos defiende de los medios mamporreros? ¿Qué ocurre cuando se construye un falso honor a base de mentiras hechas públicas -y verdades ocultadas- con conocimiento y a sabiendas de su falsedad? Cuando compramos un periódico estamos consumiendo un producto, fruto de un contrato tácito con el editor, por el que éste último nos facilita información a cambio del importe que abonamos ¿Quién nos defiende cuando la información que nos venden está adulterada?
Ryszard Kapuściński dijo en una ocasión: «Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante«, eso explicaría que sucedan estas cosas ¿Pero quién controla a los proxenetas de la información?