Charla-coloquio de Santiago Pérez en la Sala San Borondón
Santiago Pérez hizo este martes en la Sala San Borondón un repaso cronológico y un análisis de todo el Caso Las Teresitas, desde el primer escrito de alegaciones presentado por él mismo como Secretario General del PSOE de Santa Cruz de Tenerife ante el Ayuntamiento, hasta llegar a la sentencia condenatoria actual.
La Sala San Borondón ha acogido esta semana dos Charlas bajo el título genérico “Pelotazo de Las Teresitas: capítulo final”. El martes días 2 de abril, intervino Santiago Pérez, autor de la denuncia de Ínsula Viable ante la Fiscalía Anticorrupción y el miércoles lo hicieron José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, abogados de la acusación popular en el Juicio.
El objetivo: recuperar el dinero para el pueblo de Santa Cruz
Santiago Pérez explicó que bajo su punto de vista, esta operación urbanística, económica y especulativa de tan altos vuelos se hizo como se hizo porque había en el ambiente un clima de impunidad en el que los protagonistas llegaron a sentirse impunes, al margen de los mecanismos del estado de derecho y al margen de la ley.
El ponente insistió en que todo lo que se hizo desde el primer momento nunca tuvo como objetivo meter a nadie en la cárcel, sino por una parte para recuperar el perjuicio económico que se había ocasionado esta operación al pueblo de Santa Cruz, con el pago de un sobreperecio de 5.500 millones de las antiguas pesetas en la compraventa del frente de playa -que la arquitecta municipal Pía Oramas tasó en 3.000 millones y el ayuntamiento pagó a los empresarios 8.750 millones – . Y por otro lago perseguía lograr la participacion del Ayuntamiento en las plusvalías generadas de las ventas de los terrenos de los Valles que supuso 16 mil millones para los empresarios…
Pérez afirma que él realizó todas estas demandas movido por su responsabilidad, “yo no estaba dispuesto a que la imagen del PSOE se viera salpicada por una operación muy opaca y difícil de explicar”. Por ello pidió a los entonces concejales socialistas del ayuntamiento que se abstuvieran a la hora de votar en el Pleno el convenio urbanístico. “No les pedí que votaran en contra, porque veía en ellos inseguridad y además les habían metido el miedo en el cuerpo con la matraquilla de que los socialistas no querían el progreso para Santa Cruz”.
Un proceso judicial que en 18 años ha ido de menos a más
Destacó que el proceso judicialmente fue «de menos a más», en el sentido de que las primeras denuncias no fueron ni siquiera tomadas en cuenta. De hecho, el Ayuntamiento de Santa Cruz ni siquiera se tomó la molestia de responder a dichas alegaciones. Con posterioridad Santiago Pérez presentó demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa que fue desestimada con el “peregrino argumento” de que el convenio de Las Teresitas no era el último acto del procedimiento administrativo, ni por lo tanto la resolución definitiva, que era la que debía ser objeto de la demanda contenciosa. Por ello Santiago Pérez afirmó que esos tribunales, La Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no entraron en el fondo del asunto…
Es por todo ello que, agotadas estas vías, la única que quedaba era la vía penal: una querella ante los juzgados o una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción “decidimos hacerlo finalmente ante Anticorrupción, porque corresponde a ésta promover la acciones de la justicia en defensa de la legalidad, del interés publico, de los derechos de ciudadanos, así como la independencia de los poderes judiciales”, añadió.
Un periódico que pedía en su editorial la muerte a Santiago Pérez
Asimismo Santiago Pérez recordó la presión no sólo política sino también mediática que “el régimen” puso en marcha sobre aquellos que se opusieron a esta operación, y especialmente contra él mismo. En este sentido recordó las más de 40 editoriales del periódico El Día de la época, que llego a publicar que a Santiago Pérez había que haberlo guillotinado, o al menos apedreado y que su ruindad merecía el sepulcro, para luego aclarar que no pedían su exterminación física….