SB-Noticias.- Santiago Pérez valora en Radio San Borondón la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Miguel Zerolo y resto de condenados en el Caso Las Teresitas.
Considera que era previsible la ratificación por parte del Supremo de las penas solicitadas por la Audiencia Provincial de S/C de Tenerife: “se produce ahora el restablecimiento del estado de derecho que va despacio y que no siempre funciona”, afirma.
Pérez recuerda el caso Las Teresitas como un proceso interminable y complejo que contó con todas las prácticas dilatorias por parte de Coalición Canaria, como el aforamiento de Miguel Zerolo, con el fin de dilatar y puentear el proceso judicial.
“Visto ahora, la sensación es de haber cumplido con mi deber. Estando en política yo no podía mirar hacia otro lado y no reaccionar, conociendo el alcance de esta operación, que desde el inicio ya barruntaba indicios de pelotazo”.
Asimismo Santiago Pérez considera de justicia reconocer a todas aquellas personas y colectivos que lucharon para que se hiciera justicia. Especialmente reconoce la labor de funcionarias ejemplares como la arquitecta municipal Pía Oramas y Luisa del Toro, quienes hicieron honor a su compromiso funcionarial y al deber de defender el interés público “en ambas se puede mirar la función pública canaria como un ejemplo a seguir”. Recuerda asimismo a todos aquellos militantes socialistas que lo acompañaron en la defensa de la justicia, al abogado José Pérez Ventura que representó el interés popular en el Jucio, o a personas que aún siendo representantes políticos de la derecha, defendieron la legalidad, como el caso de Ángel Isidro Guimerá, recientemente fallecido: “quien me llamó para pedirme las alegaciones que elaboré contra el convenio urbanístico, para él firmarlas también. A partir de ese momento Ángel Isidro siempre estuvo de este lado de la barrera, defendiendo la legalidad”.
El conocido como Pelotazo de Las Teresitas fue una operación que consistía en un convenio urbanístico, por el que los empresarios compraron un terreno por 33 millones € con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado “en condiciones extraordinariamente llamativas”. Y vendían una parte por 53 millones de euros. Un terreno tasado por la arquitecta municipal Pía Oramas en 19 millones de euros). Además los empresarios se reservaban una parte que el Ayuntamiento iba a recalificar en beneficio de ellos y sin que este incremento revirtiera en el pueblo de Santa Cruz. Unos terrenos que luego venderían a Mapfre por 90 millones €.
Santiago Pérez fue quien redactó la denuncia que la Asociación Ínsula Viable presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y que supuso el arranque de todo el proceso judicial que ahora culmina. En ese momento Santiago Pérez era el Secretario general insular del PSOE en Tenerife, “ya desde un inicio corrían rumores de que se estaba preparando una operación en Santa Cruz de grandes vuelos. Luego surgió el convenio urbanístico de Las Teresitas, que tenía que ver con una reivindicación popular de preservar la playa de Las Teresitas y que fue el gran escudo de la operación”.
Pérez recuerda que cuando empezó a conocer algunos pormenores pidió a los concejales del PSOE que no votaran a favor de la operación, que se abstuvieran, pero hubo una reacción muy airada por su parte que fue muy amplificada por el aparato mediático “y ahí empezó la historia”.
Posteriormente recuerda que se convocó el comité insular del PSOE donde explicó la operación y pidió el apoyo para que el partido se opusiera.
Se trató de un proceso inmensamente rápido “antes de que terminara el periodo de alegaciones ya se los terrenos se habían vendido”. Pérez recuerda que en ese momento se inició un proceso contencioso administrativo que sorprendentemente se perdió.
Santiago destaca que mientras esto ocurría se fue generando una línea de presión contra él y las personas que se oponían a la operación muy dura, por parte de algunos empresarios y medios de comunicación como El Día, que dedicaba monográficos y editoriales arremetiendo contra Santiago Pérez. Además el propio PSOE se generó una gran división y la voluntad de frenar a la ejecutiva insular presidida por él.
Fue un grupo de militantes socialistas entre los que figuraba el hoy portavoz de la oposición en el ayuntamiento, José Ángel Martín Bethencourt, Justo Menédez, García Talavera… quienes le pidieron elaborar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción “yo sabía, y les advertí, que nos íbamos a enfrentar a poderes muy fuertes en la isla y que esta iba a acarrear consecuencias, como luego así fue”. Santiago señala que fueron unos años difíciles, y especialmente recuerda la presión ejercida contra él por el Día, con una línea editorial muy agresiva.
Pasados cinco años, la Fiscalía formuló una querella, y empezó un largo proceso penal que acaba de terminar con la sentencia del Supremo conocida ayer.
Santiago Pérez considera de justicia reconocer a todas aquellas personas y colectivos que lucharon para que se hiciera justicia. Especialmente reconoce la labor de funcionarias ejemplares como la arquitecta municipal Pía Oramas y Luisa del Toro, quienes hicieron honor a su compromiso funcionarial y al deber de defender el interés público “en ambas se puede mirar la función pública canaria como un ejemplo a seguir”. Recuerda asimismo a todos aquellos militantes socialistas que lo acompañaron en la defensa de la justicia, al abogado José Pérez Ventura que representó el interés popular en el Jucio, o a personas que aún siendo representantes políticos de la derecha, defendieron la legalidad, como el caso de Ángel Isidro Guimerá, recientemente fallecido: “quien me llamó para pedirme las alegaciones que elaboré contra el convenio urbanístico, para él firmarlas también. A partir de ese momento Ángel Isidro siempre estuvo de este lado de la barrera, defendiendo la legalidad”.