El expediente sometido a exposición pública reconoce que las instalaciones carecen de título habilitante y ocupan diez veces más extensión que la tramitada originalmente
En la mañana del martes la oficina municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento acogió una ruede de prensa en la que el principal grupo de la oposición dio a conocer el contenido de la alegación presentada por la fase de exposición pública del “Proyecto de Adaptación de piscina y bar-restaurante del Charco de La Arena”, en la localidad de Punta del Hidalgo, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 4 de enero.
Rubens Ascanio, portavoz del grupo, explicó que, según los datos que disponen, se trata de una “sociedad que lleva disfrutando de ese trozo de costa de forma privativa, sin permitir el acceso a nadie que no fuera socio o miembro de dicha sociedad, desde hace más de 50 años”.
Recordó que en marzo de 2017, su compañera Idaira Afonso Unid@s se puede solicitó al Pleno de La Laguna que se buscaran fórmulas para que toda la ciudadanía pudiera disfrutar del Charco de La Arena, entre otros espacios, moción que resultó aprobada por unanimidad. El Ayuntamiento, por unanimidad, acordó “realizar cuantos trámites legales y administrativos sean necesarios para solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la concesión administrativa de dichas instalaciones a favor de esta Administración Local, en la medida de lo posible y haciendo valer la preferencia que se da a las entidades locales en la normativa vigente en cuanto a estos casos”. En este sentido el edil cree que el alcalde, José Alberto Díaz, en virtud de lo que establece el artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, debe “velar por el cumplimiento de acuerdos plenarios y en base al interés general, tendría que poner a los servicios jurídicos municipales en la tarea de realizar una alegación durante la presente fase de exposición pública”.
Indica que en este momento otras instalaciones similares cumplen con el derecho al acceso público a la costa. En el caso de El Altagay, permite el acceso a sus instalaciones mediante el pago de una entrada a quienes no son socios y también es posible acceder a las piscinas naturales del Club Náutico de Bajamar. “El problema continua siendo el Charco La Arena, que sigue siendo privado y además están en situación de ilegalidad, al no disponer de título habilitante”.
Ascanio mencionó también que la zona además cuenta con un punto de vertido de aguas fecales para el que se solicitó un permiso en 2003, que caducó en 2008. Según el censo de vertidos de tierra al mar con la información recopilada en el año 2017, por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, no cuenta con permiso en la actualidad y además en la página oficial se indica que “según lo recogido en el censo 2007, las aguas procedentes de la red de saneamiento del club van a parar a una fosa séptica cuyo sistema de alivio consiste en una conducción de desagüe que vierte directamente al mar. Se ha indicado que afecta a zona”, el edil explica que según los expertos de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, se trata de “una de las zonas con mayor biodiversidad de las costas del Archipiélago”.
Idaira Afonso, autora de las alegaciones, explicó que, según el artículo 165 del Reglamento General de Costas indica en los apartados h), e i) que “la Administración podrá declarar la caducidad de un expediente de concesión cuando se produzca la invasión de dominio público no otorgado o un aumento de la superficie construida, o del volumen o altura máxima en más de un 10% sobre el proyecto autorizado, de poco más de 800 m2 a más de 8000 m2, es decir, la concesión puede ser retirada, pero esto no ha ocurrido y nadie se explica por qué”. La concejala insiste que “el Estado y el Ayuntamiento permite que un ente privado esté haciendo un uso privado de la costa y encima, ocupando una superficie diez veces mayor de la que pueden utilizar, esta permisividad no se ha tenido en otros casos”.
Afonso explica que también el artículo 163.1, apartado M del Reglamento General de Costas dice que se puede suspender y revocar una concesión cuando existe riesgo de que las instalaciones sean alcanzadas por el mar. “Cualquiera que conozca un poco la costa lagunera, sabe que en determinados momentos del año, se producen temporales de mar que en varias ocasiones han alcanzado y dañado instalaciones de este club, como el solarium, los vestuarios, los muros e incluso la terraza superior de las instalaciones, donde se ubica el restaurante-cafetería”, manifiesta.
Explica que el acuerdo plenario, apuesta por que el Ayuntamiento haga valer su prioridad en la solicitud de concesión de estos espacios en la medida de lo posible. Aunque indica que semanas después de ese pleno, “responsables municipales afirmaban que económicamente era inviable, pero nada dijeron sobre buscar alternativas para que todo el mundo pueda hacer uso de la piscina del Charco de La Arena, ni siquiera se han molestado en hacer eso, en presentar una alegación para que se regularice el acceso al menos mediante el pago de una entrada”. La concejala del grupo municipal considera que con esta inacción “se ve que no están por la labor o que no les parece importante cumplir con la Ley de Costas en según que casos. aún están a tiempo, esperamos que se sumen a tratar de garantizar los derechos de la mayoría frente a una minoría privilegiada”.
Reclama en sus alegaciones que se paralice la concesión a este club privado en tanto que no cumpla con lo establecido por la Ley de Costas, invada una superficie que no le corresponde, no garantice la seguridad de las instalaciones y no permita el acceso a quién desee disfrutar de esa zona de la costa. “No descartamos sumarnos a las acciones reivindicativas emprendidas por la ciudadanía que ya está harta de este doble rasero a la hora de aplicar la Ley de Costas y que este espacio sea utilizado por una élite de personas impidiendo el disfrute de la mayoría”, apostilla.
La edil comentó que están animando a las asociaciones, a entidades de la zona y a la ciudadanía en general para que presenten las alegaciones que crean oportunas, porque les parece de justicia que ese espacio “pueda ser disfrutado por todas y todos”. Finaliza indicando que “las vecinas y vecinos de La Punta llevan años reclamando acceso a la zona, de hecho esta mañana ya se ha producido una primera reunión, organizada por una asociación, para empezar a informar a la ciudadanía sobre el proyecto y el proceso de alegaciones”.