El portavoz de NC refiere las dudas sobre su constitucionalidad además de la inseguridad jurídica generada por la décima modificación de la norma de 2002
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha propuesto hoy a CC y la ASG que retiren la proposición de ley que reforma, “sólo” en esta IX Legislatura y por cuarta vez, la norma de las islas verdes tras los “importantes reparos” del Consejo Consultivo de Canarias (CCC). Rodríguez planteó la necesidad de rehacer la propuesta de los socios ante las dudas sobre su encaje constitucional, que los nacionalistas progresistas denunciaron en su toma en consideración. Nueva Canarias se ratificó en que supone una “huida hacia adelante” que va a lastrar más el desarrollo de El Hierro, La Gomera y La Palma. En opinión de Rodríguez, estas modificaciones legales son las que generan la inseguridad jurídica en los inversores. En este caso, será la décima, en total, de la ley de 2002.
Nueva Canarias, recordó Román Rodríguez, se abstuvo el pasado mes de diciembre en la en la toma en consideración al dudar de su constitucionalidad y encaje en la legislación europea. Los nacionalistas progresistas se referían, principalmente pero no únicamente, a la construcción de hasta 200 camas turísticas en cualquier tipo de suelo rústico, lo que se define como uso ordinario.
En aquel momento, relató el portavoz nacionalista, “hicimos un llamamiento” a lo dos grupos proponentes a “reflexionar” sobre las graves consecuencias de esta iniciativa legislativa. En especial, a los sectores más medioambientalistas de CC, la Agrupación Herreña de Independientes (AHI), así como al grupo del PP.
La llamada de atención de NC, según Rodríguez, adquiere un mayor valor tras conocerse el dictamen del Consultivo, donde además de avisar que choca con la Constitución o la legislación básica estatal y aconseja que no se descarten las evaluaciones ambientales.
El portavoz de NC volvió a cuestionar que esta proposición de ley sólo se ocupe de facilitar la construcción de todo tipo de alojamientos turísticos en suelo rústico, desde viviendas vacacionales a establecimientos turísticos de hasta 200 camas, que se definen como “uso ordinario”.
También, agregó, las instalaciones sin ningún límite de camas ni tipología a través de los denominados instrumentos de planificación singular turística, de las actuaciones turísticas declaradas de interès público o social, aprobadas por los cabildos; y de las ordenanzas provisionales insulares, también responsabilidad de las administraciones insulares.
El problema del desarrollo económico y social de las islas verdes, en opinión de NC, no han sido las leyes, como se desprende de esta PPL, que además tiene la filosofía de que el planeamiento es un estorbo. Se prohíbe, insistió, que los instrumentos de ordenación impongan limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico, lo que incluye a los planes insulares, territoriales turísticos, municipales y planes y normas de espacios naturales protegidos.
Con la propuesta de CC y la ASG, prosiguió, tanto la producción de papas como 200 camas turísticas tienen la consideración de uso ordinario en suelo rústico, lo que va en contra de los usos ordinarios del suelo rústico definidos por la Ley del Suelo, que apoyaron los mismos promotores de esta PPL.
Román Rodríguez también incidió en las objecciones del Consultivo reflejadas en la exposición de motivos relativas a que se trata de una nueva norma que va más allá de la mera reproducción de preceptos legales. El portavoz nacionalista reiteró la necesidad de “repensar” esta propuesta. “Después de no haber acertado en las nueve modificaciones anteriores, todo indica que la décima volverá a ser otro palo de ciego”, en opinión del portavoz parlamentario de NC. Para Román Rodríguez, estas reformas son las que generan la inseguridad jurídica en los inversores.