Concepción Monzón (Podemos) pide a la consejera Valido que “analizar la situación desde el debate con todos los agentes implicados”.
La formación morada defiende que “se implanten todas las piezas del engranaje del sistema de dependencia y que se dote de medios para que el procedimiento sea ágil y garantista”.
Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha exigido al Gobierno que proceda “a paralizar” el proyecto de decreto por el que se pretende modificar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones elabore “un plan con dotación presupuestaria, un plan real de mejora de los procedimientos”.
Por ello, la diputada ha instado a la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, a “trabajar con todas y todos para tener el mejor sistema posible para el bien de las personas dependientes”.
“Lo que se requiere es que se implanten todas las piezas del engranaje del sistema de dependencia, que se analice la actual situación desde el debate con todos los agentes, que se propongan soluciones, se modifiquen aquellas que se adecuen a nuestra situación y que se dote de medios, para que el procedimiento sea ágil, garantista y de una respuesta real a las necesidades de las personas dependientes en Canarias”, ha asegurado tras el debate que mantuvo ayer con Valido en la sesión de control al Ejecutivo.
Para la diputada, “no se puede decir que la implantación del Decreto de 2008 requiere de una revisión, porque el mismo realmente no se ha implementado”, pero sí que “necesitamos un plan que contenga soluciones a todos los problemas que actualmente tiene el sistema”.
Durante la interpelación, que dará lugar a una moción que se debatirá en el primer pleno previsto para el mes de enero, ha insistido en la necesidad de que “entre todos los sectores implicados hay que mejorar el sistema de dependencia, pero garantizando los derechos de las personas en todo el procedimiento”.
“Estamos de acuerdo en que hay que simplificar los procedimientos, pero eso pasa por un análisis de los cuellos de botella que tiene el sistema, pasa por un debate amplio sobre las necesidades para que el sistema de autonomía y atención a la dependencia se implante con todas las garantías en toda la Comunidad Autónoma”; afirmó Monzón.
Al respecto, ha recordado que ayuntamientos, cabildos y Gobierno “requieren de recursos para hacer efectiva toda la normativa y garantizar el derecho de las personas a la atención, a tener una vida digna cuando se encuentra en esta situación”, puesto que “las que más sufren son las que tienen pocos recursos y es nuestra obligación que no se quede atrás nadie”.
Para Monzón, una asignatura pendiente “es el catálogo de servicios, que debe ser amplio para dar respuesta acorde a la situación de la persona dependiente, en todos sus ámbitos sociosanitarios”, motivo por el que es “primordial implementar y ampliar la cartera de servicios, plazas públicas de atención residencial, servicio de ayuda a domicilio, centros de noche y prestación económica”.
“Si queremos que las personas no estén esperando por unos tiempos tan extensos, tenemos que poner la cantidad necesaria de profesionales para que hagan su trabajo con calidad”, insistió.
A esta carencia de medios humanos hay que unir el déficit en medios materiales, más agudizados en las islas no capitalinas, y que son necesarios para agilizar cualquier procedimiento a fin de “evitar embudos o al personal obligado a dedicar mucho tiempo a cuestiones que podrían resolverse más ágilmente con los medios necesarios”.
Desesperarse esperando un derecho
En este sentido, enumeró un servicio de información propio de la dependencia, programas informáticos unificados de gestión de expedientes operativos, un sistema de archivos “que no sea un caos y requiera de traslados innecesarios para realizar las consultas” y espacios físicos de atención a los usuarios “con la protección de datos e intimidad necesaria”.
Monzón ha recordado que actualmente “se trabaja con bases de datos diferentes, que ofrecen pérdidas de información, pues no están digitalizados todos los expedientes, por lo que hay que trabajar con expedientes físicos y que haya un gestor de expedientes”.
“En un tema tan sensible y complejo, no entendemos como no se ha propiciado un debate sereno y necesario, con quienes mejor conocen los problemas y los gestionan, para determinar el mejor modo de regular el procedimiento, sobre todo pensando en las personas que se desesperan esperando por un derecho que, en algunas ocasiones, no les llega; o llega muy tarde”, ha concluido.