Nueva Canarias (NC) se abstuvo hoy en la toma en consideración de la décima reforma de la ley de las islas verdes, en este caso promovida por CC y la ASG, al dudar de su constitucionalidad y encaje en la legislación europea.
El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, se refirió a la construcción de hasta 200 camas turísticas en cualquier tipo de suelo rústico, que se definen como uso ordinario. Los nacionalistas progresistas hicieron un llamamiento a CC a reflexionar sobre las graves consecuencias de esta propuesta legislativa y, en especial, a los sectores más medioambientalistas de esta formación política, la Agrupación Herreña de Independientes (AHI). Una apelación que también extendió al PP.
Estos argumentos fueron hoy expuestos en el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de CC y el Mixto de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma. Una iniciativa que, para los nacionalistas progresistas, es un “nuevo palo de ciego, una huida hacia adelante”.
Román Rodríguez avisó que esta PPL supone la “décima” modificación de la norma de 2002. Sólo en la IX Legislatura, este texto legislativo, según NC, en 16 meses se ha cambiado en tres ocasiones y con esta última, la cuarta. Todos estos cambios, avisó Rodríguez, han incumplido la disposición adicional segunda de la ley de 2002, que establecía la creación de una comisión insular de segumiento de cada una de las islas implicadas, una de cuyas funciones era la de presentar una propuesta de modificación de ley.
Román Rodríguez incidió en que esta cantidad de cambios legislativos no hayan sido realizados a través de un proyecto de ley gubernamental que ofrece mayores garantías jurídicas (desde informes de los servicios jurídicos a un dictamen del Consultivo, entre otros) y de participación pública.
El portavoz de NC puso en duda el encaje constitucional y con las leyes europeas de esta iniciativa legislativa ya que “sólo se ocupa de facilitar la construcción de todo tipo de alojamientos turísticos en suelo rústico”, desde viviendas vacacionales a establecimientos turísticos de hasta 200 camas, que se definen como “uso ordinario” de suelo rústico.
También, agregó, las instalaciones sin ningún límite de camas ni tipología a través de los denominados “instrumentos de planificación singular turística, de las actuaciones turísticas declaradas de “interès público o social, aprobadas por los cabildos; y de las “ordenanzas provisionales insulares, también responsabilidad de las administraciones insulares.
El desarrollo económico y social de las islas verdes, en opinión de NC, no han sido las leyes, como se desprende de esta PPL, en la que el planeamiento es un “estorbo”. Se prohíbe, observó, que los instrumentos de ordenación impongan limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico, lo que incluye a los planes insulares, territoriales turísticos, municipales, planes y normas de espacios naturales protegidos y los planes rectores de usos y gestión de parques nacionales (ahora en manos de los cabildos).
“Ahora resulta que es tan de uso ordinario del suelo rústico, la producción de piñas como 200 camas turísticas, lo que va en contra de los usos ordinarios del suelo rústico definidos por la norma 4/2017, que es la Ley del Suelo de Canarias”, advirtió.
Román Rodríguez hizo un especial llamamiento a los promotores de esta modificación y también al PP a “repensar” esta proposición de ley y, en especial, se dirigió a los sectores más medioambientalistas de CC, la Agrupación Herreña de Independientes (AHI). El portavoz nacionalista respondió a los promotores de la reforma que los “malos” no son quienes discrepan de esta proposición de ley sino de “los que la han cambiado 10 veces sin acertar nunca”.