El asunto no deja de tener su quid de la cuestión y se puede interpretar de muchas formas y maneras.
Se puede interpretar como una discriminación a los españoles de otras comunidades respecto a los catalanes residentes, se puede interpretar como un fallo burocrático, administrativo, que también entra dentro de la posibilidad.
El tema es el siguiente:
Un joven canario, 21 años, sufre un dolor dental. Acude al servicio catalán de la salud, le envían hacerse una radiografiá buco – dental.
El diagnostico es extracción de dos molares mediante cirugía dental. Le incluyen en la lista de espera del Hospital Univeritari Sagrat Cor de la ciudad Condal.
Después de esperar un mes y medio en su condición de “desplazado” le indican fecha y hora para la operación quirúrgica y le dan cita para el día 16 de noviembre a las 11:00 am en el citado Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona.
Personado en el centro hospitalario y tras comprobar su condición de no residente (cosa incomprensible ya que estaba en lista de “desplazados”) le indican con muy buena educación, eso si, en castellano parlante, que no puede realizar la cirugía dental porque no estaba empadronado en Barcelona, al mismo tiempo le indicaban un número de teléfono para decirle, una vez empadronado, la nueva cita.
De manera que sigue con el dolor, la ingesta de antibióticos, y sintiéndose un paria miserable por no poder pagar la sanidad privada.
Varias preguntas se me ocurren pero primero, vamos por partes:
¿Es legal discriminar por el hecho de la residencia dentro del territorio nacional?
Veamos lo que dice el Real Decreto – Ley de 7/2018 de 27 de julio sobre la universalización de la sanidad en España.
“El presente real decreto-ley obedece fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español.
Esto se lleva a cabo mediante la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español, incluyendo aquellas que en aplicación de los reglamentos comunitarios o convenios bilaterales tengan acceso a la misma en la forma que estas disposiciones lo indiquen.
Además, más allá de atender a una exigencia ética como es la protección de la salud, la universalidad de la atención no solo redunda en la mejora de la salud individual, sino también en la salud colectiva de toda la población.
El nuevo modelo desliga el aseguramiento con cargo a los fondos públicos de la Seguridad Social y se vincula a la residencia en España, así como a aquellas personas que, sin residir habitualmente en el territorio español, tengan reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, tal sería el caso, por ejemplo, de aquellas personas que bajo la acción protectora de la seguridad social tienen derecho a la asistencia sanitaria, así como la de los trabajadores y pensionistas a los que el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, les reconoce su derecho a la asistencia sanitaria. Todo ello redunda en un fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud como derecho vinculado a la ciudadanía.
Igualmente, la asistencia sanitaria que se presta a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España viene a reforzar las políticas europeas, que en materia de asistencia social, buscan proteger a aquellos colectivos más vulnerables.”
Leído el Real Decreto – ley sobre la Sanidad Universal en España, debemos pensar que la Generalitat Catalana, responsable directo de la sanidad en Cataluña discrimina a los ciudadanos españoles por el hecho de tener fijada su residencia en otro lugar de la geografía española.
En Canarias recibimos, anualmente, 17 millones de turistas, de personas, entre ellos algunos miles de catalanes que invernan en nuestras islas, he hablado con mucho de ellos y me dicen que jamás se han sentido “desplazados” en cuanto a su atención sanitaria se refiere respecto la Sanidad Pública canaria.
Pero si no fuera así, si el asunto es de pura burocracia y nada tiene que ver con el proceso independentista catalán, algo está fallando en nuestro país, algo grave , fantasmagórico y patético como es burocratizar la salud pública.