Entrevista a Santiago Pérez en Radio San Borondón
SB-Noticias.- Santiago Pérez acusa a Coalición Canaria de – una vez más- aprovecharse de los sectores menos informados de la población, para manipularlos con mentiras difundidas por los «periodistas esbirros del régimen» como es su especialidad.
Acusa a CC de promover una campaña inédita de acoso sobre el TSJC con el fin de que éste archive el caso grúas sobre el que ya no tiene autoridad jurisdiccional: «la autoridad jurisdiccional que tenía el TSJC en el caso grúas, provenía de la condición de aforado de Fernando Clavijo, que ya perdió, por eso volverá al Juzgado de instrucción de La Laguna», recuerda.
La noticia publicada este jueves por los periódicos La Opinión de Tenerife y La Provincia, para Santiago Pérez, no es más que un rosario de opiniones y conjeturas que firma un periodista que nadie conoce F.R – «¿Será Fernando Ravijo?» – ironiza- tratando de difundir una teoría que cae por su propio peso, de que existiría un infrome del teniente fiscal, Ignacio Pintado, recomendando el archivo del caso y que el fiscal jefe Vicente Garrido lo tenía guardado. Por lo que – según esta teoría- si el fiscal jefe hubiera hecho suyo ese informe, habría podido pedir el archivo de la causa antes de que Clavjo perdiera el aforamiento.
Pero Santiago Pérez recuerda una serie de hechos nada anecdóticos que están ocultando: las resoluciones dicatdas por la Audiencia Provincial que reiteradamente ha establecido que existen en las actuaciones de Clavijo y de sus subordinados entonces (José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño) indicios de criminalidad, con delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias.
Además, obvian también los voceros del Presidente que el representante de la Fiscalía informó favorablemente pasar el Caso al TSJC porque observaba claros indicios de criminalidad.
Por todo ello Santiago Pérez afirma que «es de risa, si no fuera un asunto muy grave» que se monten una «noticia» en torno a un informe que no se sabe si existe o no, porque no han hecho público ni tampoco se ha pasado a las partes, de un teniente fiscal, cuya información – asegura- es irrelevante para el caso porque la competencia la tenía el fiscal jefe.