Unid@s se puede propone frenar el uso de «riders» en La Laguna, porque las empresas usan “falsos autónomos” para realizar esta labor
Unid@s se puede llevará a la próxima sesión del pleno lagunero una iniciativa que pretende frenar el uso de estos repartidores dentro del municipio, ya que para esta formación estas empresas vulneran la legislación laboral existente y su crecimiento en el municipio puede ocasionar problemas para la economía local.
Los llamados «riders» son repartidores que trabajan como autónomos repartiendo comida y otros pedidos a domicilio en su propia moto o bicicleta. Estas empresas llevan meses instaladas en las principales ciudades de Europa y, desde el pasado mes de junio, coincidiendo con la celebración del mundial de fútbol, se han instalado en los núcleos urbanos de Tenerife y Gran Canaria. Su fórmula parece exitosa, ya que una de estas empresas prevé obtener este año unos beneficios que rondan los 100 millones de euros. En Canarias es difícil contabilizar cuántos “riders” hay actualmente, pero su crecimiento es exponencial, especialmente en las zonas de Taco y La Cuesta donde la oferta de establecimientos que ofrecen comida a domicilio supera con creces a la zona del casco lagunero.
Según denuncia Unid@s se puede, estas empresas se caracterizan por usar la figura del “falso autónomo”, es decir, personas que prestan un servicio dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pero que están sometidos a las condiciones de un pagador. De hecho, Unid@s se puede denuncia que estos repartidores sufren otras vulneraciones a sus derechos laborales, como estar geolocalizados durante su jornada laboral, no poder decidir sobre el precio de su servicio ni tener capacidad para ser ellos mismo quienes emitan sus facturas. Tal y como se recoge en la exposición de motivos de la moción, ya existe una sentencia del Juzgado nº6 de Valencia que emite un fallo en el que este tribunal ha considerado improcedente la rescisión del contrato de un repartidor, tras reconocerle como asalariado de la compañía, a pesar de estar contratado como autónomo.
El promotor de la iniciativa plenaria, el concejal José Marrero, considera que «la llegada de estas empresas desencadenan, a la larga, pobreza entre la población», ya que para el edil «las condiciones laborales que ofrecen son indignas y no están dentro del marco laboral, tal y como ya empiezan a reconocer algún juzgado en España». Marrero critica que las condiciones laborales de estos empleados provocan que “los repartidores prácticamente tengan que pagar por trabajar, ya que se costean todo, incluida la mochila que cargan a su espalada por la que deben pagar 90 euros”.
El concejal de Unid@s se puede cree que el municipio debe apostar por crear empleo de calidad, de lo contrario “se generan empleos que condenan a la persona a acudir a los servicios sociales municipales”, según señala.
Para ello, la propuesta de Unid@s se puede también incluye medidas para sensibilizar a los comercios del municipio, con el fin de dar a conocer cómo operan estas empresas, y propone que «la mesa de comercio municipal sea un punto de encuentro donde intentar debatir sobre este asunto», tal y como añade Marrero. Además, uno de los puntos que incluye el acuerdo consiste en la posibilidad de que el Ayuntamiento ponga en conocimiento de la inspección de trabajo la situación laboral en la que se encuentra este colectivo.