Tras las declaraciones de la alcaldesa del municipio tinerfeño de Güimar, Carmen Luisa Castro, del Partido Popular (PP), calificando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como «dictador», tras la aprobación del decreto ley que permitirá exhumar los restos de Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, el Foro Canario de Víctimas del Franquismo exige su inmediato cese como alcaldesa y su expulsión del partido popular por enaltecimiento del franquismo.
Afirman que esta alcaldesa vulnera de manera flagrante la actual ley estatal de Memoria Histórica, siendo una vergüenza y un insulto a la inteligencia que una representante pública no tenga respeto por tod@s l@s miles de asesinad@s por ese criminal de lesa humanidad en las Islas Canarias y en el resto del estado. Sin ética política, que solo se interesa por su visibilidad en la televisión de frecuencia estatal, defendiendo a un asesino, humillando a las familias de más de 5.000 canarios arrojadas a pozos, simas volcánicas y al mar, a los 765 fusilados en Consejos de Guerra ilegales, solo en Canarias, 140.000 en toda España.
«Carmen Luisa Castro, demuestra una vez más el nivel de practica política que utiliza el PP, que no deja indiferente, pues siguen disfrutando de una impunidad pudiendo decir y hacer sin miedo a consecuencias mayores, pues aquí no se les aplica la ley Mordaza, sino la libertad de expresión. Estas declaraciones son muy peligrosas pues nos dejan entrever, una vez más, que el fascismo está muy presente aun, se creen en su latifundio, y que mientras no hacemos nada todo está bien, pero cuando pedimos nuestros derechos ya salen las hienas para tenernos controlad@s», añaden.
El Foro Canario de víctimas del Franquismo considera que el gobierno actual del estado español, abre la posibilidad de reparar parte de la dignidad perdida durante más de 80 años exhumando del Valle de los Caídos al genocida que asesino y hizo desaparecer a miles de personas que lucharon por una sociedad justa y demócrata.
Finalmente hacen un llamamiento a todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales de Canarias y del estado español a sumarse a esta exigencia del cese inmediato de esta siniestra personaje a la dirección Canaria y estatal del partido popular. El mantenimiento en su cargo público supone una agresión sin precedentes a los valores democráticos y a las libertades.
«Seguimos luchando y no consentiremos que se humillen y pisoteen los derechos de las familias de las victimas del franquismo en Canarias, así como la memoria de miles de personas asesinadas», concluyen.