Informe del Fiscal Santiago Sánchez López
SB-Noticias.- El Fiscal Santiago Sánchez en su Informe al Tribunal Supremo ve concluyentes indicios de que Fernando Clavijo cometió prevaricación, malversación de caudales públicos e implícitamente tráfico de influencias
Finalmente sale a la luz el Informe del Fiscal del Juzgado de Instrucción N.º 2 de La Laguna, Santiago Sánchez López en el que detecta claros indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la persona de Fernando Clavijo Batle, Presidente del Gobierno de Canarias , en su etapa de alcalde de La Laguna, en relación con el Caso Grúas.
Un rotundo escrito, donde el Fiscal explica que en el caso Grúas, la actuación de Fernando Clavijo cumple una por una, todas las circunstancias para que se pueda hablar de la concurrencia de ambos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En relación con el delito de Prevaricación, expone que se cumple con la condición de que exista una resolución dictada por una autoridad o funcionario, pues Clavijo acordó la concesión de un préstamo de 120.000 euros con cargo a la facturación futura por la prestación del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública Autogrúas Poli.
A continuación – continúa el Fiscal en su razonamiento- también incurre el ex alcalde lagunero en dictar una resolución injusta y arbitraria, contraria a derecho, es decir ilegal. Ya que tal como señala el Interventor Municipal en su informe, no existe regulación expresa que permita a una Corporación local conceder un préstamo al concesionario de un servicio sin establecer un plazo para la devolución, y en este caso el decreto para el préstamo no establece plazo alguno.
En tercer lugar, el Fiscal analiza otra de las condiciones para que exista Prevaricación: que el carácter de injusta y arbitraria de la resolución tomada fuera previamente conocida por el alcalde, “en este sentido queda claro que en el momento en que por parte del Sr Clavijo se dictó el decreto, era total y absolutamente conocedor de los Reparos formulados por el Interventor Municipal a la concesión del préstamo a Autogrúas Poli”. Es más, confirma que la voluntad del entonces alcalde de La Laguna era la concesión del préstamo aún conociendo la ilegalidad del mismo por habérselo advertido el interventor “y para poder levantar el reparo formulado por éste, acudió a un informe externo elaborado por catedráticos de la ULL”…
En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, entiende el Ministerio Fiscal que a pesar de que el préstamo fue devuelto por Autogrúas Poli, se aprecia la comisión de este delito. En este sentido expresa que el delito de Malversación de caudales públicos tutela el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del ayuntamiento, y la actuación de Fernando Clavijo concediendo dicho préstamo, se produjo con ausencia de tutela del patrimonio público.
El Fiscal desmonta la excusa de que no hubo malversación porque no hubo beneficio personal
Cabe destacar de manera especial el apartado en el que el Fiscal indica que en su condición de Alcalde, Clavijo tenía la detentación material de los caudales y una facultad de decisión jurídica sobre los mismos, y siendo consciente de ello dispuso de los mismos apartándolos de su destino público y beneficiando única y exclusivamente a un particular “sin que sea necesario que ello se lleve a cabo con el ánimo de obtener un beneficio personal, ya que la conducta se realiza con ánimo de lucro cuando se pretende cualquier propósito propio o ajeno».
Precisamente este argumento ha venido siendo utilizado tanto por Clavijo como por el actual alcalde José Alberto Díaz, imputado en este mismo caso.
De lo argumentado se desprende además la comisión del delito de tráfico de influencias
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto en relación con la malversación de caudales públicos en el Caso Grúas, y aunque no lo expone el Fiscal en suescrito, parecería evidente la comisión del delito de Tráfico de Influencias, que es “el que comete funcionario o autoridad que, prevaliéndose de su cargo o por su relación personal o jerárquica, influyere en otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le genere un beneficio económico para sí o a para una tercera persona, de forma directa o indirecta”.