Unid@s Se Puede y XTF-NC plantean querellarse contra el alcalde por prevaricación
Un informe de la nueva Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, Ana Merino, habilitada nacional, da la razón a los grupos de la oposición de Unid@s Se Puede y XTF-NC, en dos asuntos fundamentales que se vienen discutiendo durante toda la legislatura: que la Ley de Bases prohíbe literal y taxativamente dedicar las asignaciones de los Grupos políticos al pago de remuneraciones de personal; y que no hay obstáculo legal alguno que impida adscribir personal eventual a los Grupos de la oposición.
Los portavoces de ambas formaciones, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, recuerdan que el alcalde, José Alberto Díaz, se sirvió a principios de mandato de un informe sesgado, encargado verbalmente a una funcionaria de los servicios jurídicos, para imponer su decisión de monopolizar todo el personal eventual, despojando a los Grupos de la oposición del derecho que les reconoce la legislación vigente.
Ahora, la Secretaría confirma que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Bases y el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) «no existe impedimento legal para adscribir personal eventual a los Grupos políticos”; y la oposición estudia presentar una querella contra el alcalde por prevaricación por su decisión de acaparar todo el personal eventual para el Gobierno, y por la violación del derecho fundamental a la participación en condiciones de igualdad de los cargos públicos establecido en las leyes.
Pérez afirma que “en el anterior informe, como decimos encargado verbalmente, y a posteriori, con la decisión de despojar a la oposición de sus derechos ya consumada, señalaba en sus conclusiones que todo el personal eventual correspondía al Gobierno municipal”.
Y que los Grupos políticos de la oposición podían “contratar en régimen de derecho civil o laboral, con cargo a su dotación económica (y por tanto violando el art. 73.3 Ley de Bases), al personal de apoyo necesario ya que “no existe obstáculo legal” para que el Grupo político, en ejercicio de su autonomía y con cargo a la dotación económica que le sea asignada, formalice los contratos privados que considere convenientes con profesionales externos (por ejemplo de asesoramiento), así como las contrataciones laborales oportunas, respondiendo solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de las mismas”.
Santiago Pérez aclara que esta actuación se hizo “para quedarse con todo el personal eventual, por lo que impusieron a los concejales y Grupos políticos de la oposición un doble régimen jurídico ilegal y discriminatorio”.
Manifiesta que “querían obligar a los Grupos y concejales de la oposición a violar la legalidad y a asumir responsabilidad jurídica y patrimonial (“respondiendo solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de las mismas”) por la contratación del personal de apoyo y asesoramiento que necesitan para el ejercicio de su cargo representativo”.
Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede, cree que con este informe “queda en evidencia una alcaldada que hemos sufrido desde el minuto uno, que nos colocaba como el único municipio de similar población de Canarias en el que los grupos de la oposición no podían disponer de personal de apoyo para el desempeño de sus funciones, algo que no ocurría en La Laguna al menos desde 1999”.
La formación lagunera considera que esta acción “es un ejemplo más del mal uso que desde Coalición Canaria y sus socios del PSOE se está haciendo de nuestro Ayuntamiento, con el único objetivo de copar el máximo de recursos públicos para desarrollar una acción política muy cuestionada y dificultar al máximo las tareas de la oposición”.
El edil asegura que su grupo ha trasladado la documentación sobre esta cuestión a sus servicios jurídicos, de cara a “evaluar más acciones que se puedan desarrollar”, aunque señala que en el pleno municipal del próximo jueves “abordaremos la moción que justificó este informe de la secretaria municipal, para que se cumpla la legalidad en este y otros aspectos vinculados con el funcionamiento municipal, que esperamos que salga con el apoyo de la mayoría de los grupos”.
Santiago Pérez finaliza indicando que lo sucedido “es de gran gravedad, en tanto que los concejales y Grupos del Gobierno municipal han monopolizado desde el inicio de esta legislatura la totalidad del personal eventual del Ayuntamiento, respondiendo la Corporación a todos los efectos”.