Entrevista a Santiago Pérez en Radio San Borondón
“Las bravuconadas que intentaron aquí durante la tramitación de la Ley se han transmutado en reverencias ante los requerimientos del Estado”
“No podía ser que se prohibiera tomar en cuenta un informe que llegara fuera de plazo, aunque tuviera contenidos muy importantes. Se trataba sencillamente de dificultar el ejercicio efectivo del derecho a formular alegaciones. Y plagaron la Ley de disposiciones como ésta”
“Se va acotando paulatinamente el margen de maniobra que pretendieron tomarse para hacer lo que les diera la gana con nuestro territorio y nuestros recursos naturales a través de la Ley del Suelo y la de Islas Verdes”
El concejal de La Laguna y asesor jurídico de la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, Santiago Pérez, señala que el Gobierno de Canarias se ha batido en retirada tras la comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma, que se convocó para zanjar diferencias que evitaran la presentación de un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley del Suelo.
“El Estado convocó a Canarias y la representación de las Islas ha salido batiéndose en retirada. Las bravuconadas que intentaron aquí durante la tramitación de la Ley del Suelo, con la complicidad del PP, el mismo que a nivel estatal requiere a Canarias para meterles las cabras en el corral, se han transmutado en reverencias ante los requerimientos del Estado”, comenta Santiago Pérez.
El concejal recuerda que Canarias “estaba intentando legislar de forma que las decisiones que tomaran en el futuro las administraciones públicas se situaran lo más lejos posible del alcance de la ciudadanía y de su derecho a ejercitar el control judicial, que en materia medioambiental está especialmente reforzado”.
Así, el Estado ha exigido a Canarias que reconozca y se someta a que los preceptos de la Ley del Suelo han de interpretarse y aplicarse en estricta sujeción a la legislación estatal en materia medioambiental y en materia del procedimiento administrativo común.
“Por ejemplo, ya no vale la trampa que se inventaron para dificultar la participación de la ciudadanía y de las administraciones afectadas por instrumentos de ámbito territorial superior, con poca capacidad de asesoramiento jurídico, es decir, la mayoría de los ayuntamientos de Canarias. Ya no vale esa norma que se inventaron para que los informes presentados fuera de plazo no se tomaran en cuenta”, explicó Pérez.
El concejal recuerda también que entre las alegaciones presentadas por la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible a la Ley del Suelo se puso especial énfasis en este asunto: “Hay dos alegaciones relativas a dos artículos relacionados con los Planes Generales de Ordenación y los Planes Insulares en que las que decíamos que en materia de plazos debía aplicarse la legislación básica del Estado”.
Y es que “no podía ser que un informe que llegara fuera de plazo, aunque tuviera contenidos muy importantes, hubiera una prohibición legal de tomarlo en cuenta. Se trataba sencillamente de dificultar el ejercicio efectivo del derecho a formular alegaciones. Y plagaron la Ley de disposiciones como ésta”.
El Estado ha obligado además a Canarias a aceptar que se aplicará todo lo relativo a las garantías ambientales relacionadas con los espacios naturales protegidos, en los términos taxativamente establecidos en la legislación estatal.
Santiago Pérez considera que la aceptación de todas las condiciones estatales por parte de Canarias “va acotando paulatinamente el margen de maniobra que pretendieron tomarse para hacer lo que les diera la gana con nuestro territorio y nuestros recursos naturales a través de la Ley del Suelo y la de Islas Verdes”.
Mediante el acuerdo de esta Comisión bilateral y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) en la reciente sentencia sobre la Ley de Islas Verdes, “se les va acotando infinitamente el campo de maniobra que pretendieron ofrecer a los agentes institucionales más despiadados con el territorio y a los más agresivos del sector inmobiliario”.
Así, la Ley del Suelo decía que se podrán ejecutar proyectos de interés insular o autonómico en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación o calificación urbanística; “pero el TC les obliga a interpretar este precepto en el sentido de que es el régimen de ese suelo el que determinará los proyectos que puedan autorizarse en cada suelo, nada de barra libre”.
Ahora se ha caído también la pretensión de guillotinar, con una regulación de los plazos completamente contraria a los derechos de la ciudadanía y contraria a la regulación de la Ley 30/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la participación ciudadana y los derechos de los ayuntamientos más modestos a intervenir con la presentación de alegaciones o informes en los procedimientos de tramitación del planeamiento.
“El Estado les ha señalado una a una las regulaciones de la Ley que no valen, y coincide plenamente la posición que ha tenido que aceptar Canarias con la que nosotros defendíamos en nuestras alegaciones y que ellos rechazaron, tanto en este asunto como en materia de garantías medioambientales en los espacios naturales protegidos, donde tienen que ajustarse directa y estrictamente a la legislación estatal”, terminó diciendo Santiago Pérez.