Juan Márquez asegura que el nuevo modelo que impulsa CC y sus socios del PP y ASG “no es ni objetivo ni plural”.
El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha afirmado que la formación morada solamente aprobará la modificación de la vigente Ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC) “si se blinda la desprivatización de los servicios informativos para que sean cien por cien públicos, esa es nuestra línea roja”.
Así lo ha asegurado el diputado Juan Márquez durante su intervención de este miércoles en el Parlamento en el debate de toma en consideración de las modificaciones a la Ley de RTVC que han presentado CC, PP, ASG y PSOE, para quien “no podemos vernos dentro de ocho años intoxicados de nuevo por una guerra legítima entre empresas mediáticas por controlar los informativos”.
Márquez ha anunciado que, pese a que “no nos negamos a que este Parlamento debata la modificación de la Ley de RTVC, nuestras enmiendas irán dirigidas a que el texto que ustedes presentan dé un giro de 180 grados y camine en dirección contraria a la que ustedes defienden,
por eso tendemos la mano para intentar llegar a acuerdos entre todos que mejoren la calidad democrática de la RTVC”.Una colaboración que ha dirigido especialmente al Grupo Socialista para que “la renovación del Consejo de Administración se haga mediante concurso público, como acordamos en el Congreso de los Diputados respecto a RTVE, eso es lo que debemos conseguir también en Canarias”.
El también representante de la formación morada en la Comisión de Control de RTVC ha culpado directamente al presidente del Gobierno en minoría, el nacionalista Fernando Clavijo, de “impulsar un modelo de Radiotelevisión Canaria netamente gubernamental y politizado”, lo que convertirá al canal público autonómico en un “ente partidista, subjetivo y nada plural”.
“Lo que están intentando con estas modificaciones es que el Gobierno y los partidos que lo apoyen controlen tanto la Junta de Control como el Consejo Asesor, dando la espalda a que estén conformados por los trabajadores y profesionales de la comunicación que garanticen un servicio público de información objetivo y plural”, ha afirmado.
Legalizar el disenso
Además, asegura que “están legalizando el disenso y la falta de acuerdos” en el Parlamento, pues como argumentan en el nuevo artículo 9 de la Ley “la votación para la elección” de los miembros de la Junta de Control “requerirá una mayoría de tres quintos” del Parlamento (36 diputados) y si, transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzase dicho apoyo, “se elegirá por mayoría absoluta tan solo 24 horas después”.
“¿Para qué hacer el paripé de que se quiere negociar? Digan que los eligen por mayoría absoluta en primera vuelta y no jueguen a ser demócratas”, espetó Márquez.
También se ha mostrado crítico con el hecho de que CC, PP y ASG planteen un Consejo Asesor donde los miembros son elegidos por el Gobierno y los cabildos y ha denunciado que “siguen incumpliendo las leyes de paridad”, pues en el artículo 7 “procurar” la igualdad de género en los nombramientos, lo que es una “redacción claramente ambigua e insuficiente, pues debería ser obligatorio”.
Por último, se ha mostrado especialmente “defraudado” por el Grupo Socialista, que hasta el pasado verano impulsaba que los informativos fuesen desprivatizados y se convirtieran en “un servicio cien por cien público” y ahora, en su propuesta alternativa a la del ‘tripartito’, “además de calcarla casi literalmente”, incluye encargar “un estudio económico y jurídico externo que evalúe el coste de internalizar los servicios informativos”.
“Esto es puro maquillaje, es decir con la boca chica que quieren unos informativos públicos y luego, a la hora de la verdad, se limitan a encargar un estudio”, ha concluido.