A un mes de firmado el II Acuerdo de Mejora del Empleo público y las Condiciones de Trabajo de las empleadas y empleados públicos a nivel de estado, las tres organizaciones exigen al Gobierno de Canarias el inicio de las negociaciones para trasladar a Canarias las mejoras pactadas en dicho acuerdo.
CCOO, CSIF y FeSP-UGT han firmado el pasado 9 de marzo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública el II Acuerdo de Mejora del Empleo público y las Condiciones de Trabajo de las empleadas y empleados públicos, que devuelve derechos de negociación colectiva e incorpora entre sus contenidos la creación neta de empleo público y la apertura de la senda de la recuperación salarial, superando la fase de austeridad que tanto daño ha hecho a las clases trabajadoras de nuestro país.
Un Acuerdo que llega tras meses de movilizaciones, de negociación, de profundos debates en la sociedad española sobre la necesidad de atender las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores públicos, que son un pilar esencial de una sociedad democrática y moderna.
Un Acuerdo que refuerza el concepto de servicios públicos y de los compromisos que la Administraciones Públicas tienen con la ciudadanía, en el orden de prestarse en las mejores condiciones laborales, sociales, de efectividad y calidad.
Con este Acuerdo estas tres organizaciones reiteran su compromiso con los servicios públicos como un bien que identifica y crea ciudadanía, que nos mejora como sociedad.
No obstante, seguimos reivindicando la devolución de los derechos arrebatados, hasta su reposición total reconociendo que con este acuerdo se ha dado un paso importante en ese camino. Por primera vez en 10 años, se vuelve a suscribir un Acuerdo general entre sindicatos y Gobierno, continuando la senda que abrió el Acuerdo de mejora del empleo público en marzo de 2017.
Entre otras consideraciones con este acuerdo:
Los empleados públicos recibirán una subida de hasta el 8,8 por ciento entre 2018 y 2020, si se cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 y el cumplimiento de déficit de las CC.AA.
Las administraciones públicas volverán a crear empleo neto después de seis años de destrucción de puestos de trabajo.
Se levanta el veto sobre las 35 horas de jornada laboral semanal y las 18 horas lectivas en educación (enseñanza secundaria).
Se elimina la obligación de descuento por baja médica (incapacidad temporal). Las administraciones ya no están obligadas a descontar de la nómina el tiempo de baja médica, como marcaban los decretos de recortes de 2012, y podrán establecer un complemento retributivo que alcance hasta el cien por cien de sus retribuciones.
Se aplicarán fondos adicionales, equivalentes a 800 millones, para avanzar en la equiparación en los diferentes ámbitos de las Administraciones.
Se establece la posibilidad de generar bolsas de horas recuperables para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad familiar. Los empleados públicos podrán modificar su jornada para favorecer la conciliación familiar destinada al cuidado de familiares, con horas de libre disposición acumulables (hasta un 5% de su jornada anual), equivalentes a 11 días anuales. Estas horas deberán recuperarse en acuerdo con la Administración.
También se incluye la posibilidad de establecer un sistema específico de jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.
Ahora es el momento que este II Acuerdo se vea reflejado en la Administración pública Canaria, por lo que exigimos al Gobierno canario que inicie el proceso de negociación con estas tres organizaciones con objeto de trasladar lo allí acordado al ámbito correspondiente en las islas.