El Sindicato USO denuncia que este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de “seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores”.
El pasado 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público en nuestro país. Esta ley es recoge las recomendaciones de varias directivas comunitarias en materia de contratación pública, incorporando criterios sociales y prohibiendo en sectores intensivos en mano de obra, como el sector de la seguridad privada, que el precio fuera el único criterio a la hora de adjudicar los contratos.
A partir del día 9 los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio a la hora de valorar las ofertas de las empresas.
Cabe destacar que esta Ley fue aprobada con la oposición del Partido Popular.
La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada FTSP-USO, que desde hace años viene exigiendo a las Administraciones Públicas una contratación pública socialmente responsable, considera fundamental para los derechos de los trabajadores del sector de la seguridad privada el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales, la inclusión de cláusulas que permitan rescindir los contratos a las empresas que no cumplan con sus trabajadores en cuanto al pago de salarios, a las empresas que incumplan con los pliegos de condiciones o también a las empresas que defrauden a la hacienda pública o la seguridad social; esto y muchas exigencias mas vienen ya contempladas en esta nueva ley.
La contratación se multiplicó por 10 el día antes
El Sindicato denuncia que solo durante el día 8 de marzo, fecha anterior a la entrada en vigor de esta ley, se registraron en la web de Contrataciones del Estado aproximadamente 2.500 publicaciones de concursos públicos, un incremento 10 veces superior a la media de cualquier otro día. Asimismo, durante el último mes, se ha aprovechado por parte de las Administraciones Públicas para sacar a concurso números e importantes concursos que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores. Entre ellos el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de Euros.
“Utilizan una ley obsoleta para ahorrarse unos míseros euros en detrimento de los trabajadores”
Basilio Alberto Febles, Secretario General de la FTSP-USO, denuncia que este incremento en la publicación de concursos, solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de autentica miseria, que, aun teniendo trabajo los condena a ser considerados como excluidos sociales y vivir por debajo de los umbrales de pobreza.
El sindicalista de FTSP-USO vuelve a exigir a las Administraciones Públicas de este país el cumplimiento de las leyes vigentes, la ética a la hora de gestionar el dinero público y sobre todo que tengan altura de miras, responsabilidad y no mirar tan solo su cuenta de resultados.