El Sindicato Intersindical Canaria afirma que no se dan las condiciones para firmar dicho documento, que hasta el momento solo ha servido para realizar ejercicios de vulneración de derechos fundamentales
Intersindical Canaria asegura que es radicalmente falso, tal como afirman los grupos de la oposición en sesión parlamentaria celebrada este miércoles, que el documento de “Compromiso por la Sanidad Pública” de esta Consejería de Sanidad, haya sido consensuado con los profesionales.
Advierte el Sindicato que, aún siendo uno de los más representativos de la Sanidad Pública Canaria, nunca se le dio a conocer de manera oficial hasta una semana después de la firma. Aun así, realizaron una serie de enmiendas que no han sido contestadas.
Indican que como el resto de planes anteriores, el documento carece de objetivos, cuando se pretende evaluar el Plan de Salud vigente y aprobar el nuevo, aprobar y desarrollar el Plan de Urgencias, aprobar y desarrollar el Plan de Salud Mental, de Atención Temprana, el Plan de Cuidados Paliativos, de Atención a la Cronicidad, de Atención a la Diabetes, de Atención Domiciliaria, de Hospitalización a Domicilio y el Plan de Drogodependencias, sin que esté respaldado por partida presupuestaria alguna.
El Sindicato a través de un comunicado, expone que «Cuando se habla de los profesionales, hay que decir que todas las categorías, sanitarias y no sanitarias, contribuyen a la prestación del Servicio Público, siendo necesaria no sólo la estabilización en el empleo, donde la eventualidad y la precariedad alcanzan el 50% de la plantilla, mientras desde la propia Consejería recurren las Sentencias favorables a la interinidad de los trabajadores, sino además, el incremento de los ratios de profesionales para adaptarlos a la población asistida y sus características en un contexto de mayor prevalencia de patologías y fragmentación del territorio y la reducción de las cargas de trabajo».
Con respecto a la sanidad privada concertada, critica IC que, más allá de la pendiente y obligada adaptación de los conciertos a la Ley de Contratos del Sector Público, no exige la potenciación de la sanidad pública hasta el 100% de su capacidad, al tiempo de proceder a la reducción de las concertaciones con la sanidad privada en el mismo nivel. En cuanto a la accesibilidad y la sostenibilidad, la actividad de tarde y fines de semana, entendemos, debe hacerse preferentemente en base a la contratación estable, no con las denominadas peonadas. La puesta en marcha de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), reflejadas en el documento, constituye para Intersindical Canaria, por su afán privatizador un intento de desgajar el sistema.
Sobre la propuesta de financiación, entienden que lo que denominan ficha financiera es irreal, ya que, como ha quedado demostrado, el documento no ha sido sometido siquiera a la deliberación parlamentaria y cuando se pide una “financiación adecuada”, nada se dice de la reclamación de la “deuda histórica”, que asciende ya a un ejercicio presupuestario, y que sería necesaria para colocar los “contadores a cero”.
«Si deficitario es el nivel de cumplimiento de la legislación vigente, en materia de derechos laborales y sociales, y el tratamiento que está dando la Consejería de Sanidad de este Gobierno a la población Canaria, principalmente a la que está pasando por algún proceso que pone en riesgo su salud, a través de situaciones objetivas como Listas de Espera, saturación de los Servicios de Urgencias, recortes laborales y asistenciales, más dudoso es el cumplimiento de este “Compromiso” y sería conveniente, dedicar los esfuerzos gestores y económicos a revertir los recortes y sus efectos nocivos en el espacio de negociación previsto al efecto, y dejar la invención de nuevos y paralelos “foros de debate” estériles, que no aportan solución práctica alguna y cuyo fin último es utilizar como parapeto a los firmantes para acallar las voces que legítimamente representan a trabajadores y ciudadanos en defensa de una mejor asistencia».
En esta situación, concluye el Sindicato que «en ningún caso se dan las condiciones para que Intersindical Canaria firme ese documento, que hasta el momento solo ha servido para realizar ejercicios de vulneración de derechos fundamentales, al dejar fuera de la información a las organizaciones que, acertadamente, han decidido no suscribirlo».