La portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, María Victoria Hernández, exigió este martes que la Ley de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista contemple la retirada de los símbolos franquistas y los nombres de las calles que recuerdan esa época.
Asimismo, pide la dotación económica de las exhumaciones sin condiciones.
En la toma en consideración del proyecto, Hernández rechazó que la financiación de las exhumaciones se limite a las disposiciones presupuestarias, “porque no queremos dejar abierta ninguna puerta que sirva de excusa para seguir retrasando que las víctimas descansen en paz”. En cuanto a la simbología y el callejero, indicó que el texto solo reproduce el mandato general que está en la norma nacional y que diez años después continúan incumpliendo muchos ayuntamientos.
Al respecto, la diputada explicó que la propuesta del PSOE pasa por limitar las subvenciones autonómicas a los municipios que no cumplan con este mandato legal. “Se están dando casos paradigmáticos que ilustran el total pasotismo de muchos responsables locales en el cumplimiento de la legalidad, pero no lo seguiremos tolerando, por lo que apoyamos la toma en consideración de la proposición de ley pero presentaremos enmiendas para incluir estas consideraciones”, dijo.
POR JUSTICIA
María Victoria Hernández trasladó el reconocimiento del PSOE “a todas aquellas personas que murieron o sufrieron persecución por defender sus ideas durante la Guerra Civil y posterior dictadura”, así como a los familiares de las víctimas, las asociaciones y a los grupos parlamentarios “por su trabajo y predisposición en la elaboración de esta proposición de ley”.
Como recordó, esta iniciativa viene contextualizada en la ley nacional de memoria histórica de 2007, “gestada y aprobada con cuño socialista y que marca el camino y el trabajo que deberíamos seguir el conjunto de las administraciones, incluidas las comunidades autónomas”. Indicó que el PSOE Canarias se presentó a las últimas elecciones con un programa donde defendía la necesidad de articular un procedimiento eficaz y participativo por los interesados, para la adecuada localización, exhumación e identificación de las víctimas desaparecidas.
“Es un objetivo que esta proposición de ley cumple con creces marcando unas pautas para el adecuado desarrollo reglamentario por el Gobierno, manteniendo un mapa de fosas con carácter público, creando un banco de ADN público para facilitar la identificación a los familiares de los desaparecidos, etcétera”, expuso.
Hernández dijo que estas medidas, en su desarrollo, contarán con el asesoramiento y la supervisión de una comisión técnica integrada, fundamentalmente, por personal técnico de instituciones públicas administrativas y docentes, así como por las personas designadas por las asociaciones de memoria histórica.