SB-Noticias.- El abogado y analista José Manuel Rivero afirma que actuando así, el Gobierno lograría suspender dicha propuesta hasta un máximo de cinco meses, y el Tribunal Constitucional, a fin de no ser cooperador necesario, tendría que inadmitir o levantar de inmediato esa suspensión, si el Gobierno presenta esa impugnación y no agotar el plazo de cinco meses.
El Consejo de Estado ha dado un duro revés al gobierno de Mariano Rajoy. Los miembros de la institución han dictaminado que no hay fundamentos para impugnar que el cabeza de lista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont sea candidato para la investidura como President de la Generalitat, convocada para el próximo 30 de enero. Así lo había anunciado el ejecutivo por la mañana, mediante la rueda de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la Moncloa.
Sin embargo, a pesar del golpe, Rajoy persiste en sus intenciones. «El Gobierno tiene la intención de seguir adelante con su recurso contra Puigdemont», aseguran desde Moncloa. Esa decisión sitúa ahora toda la presión en el seno del Constitucional que tendrá que decidir si admite a trámite el recurso y suspende la investidura.
José Manuel Rivero, afirma de manera contundente que el Gobierno español puede prevaricar si hace caso omiso al Consejo de Estado: “Podría, el Gobierno, actuar fraudulentamente si impugna ante el Tribunal Constitucional la propuesta de investidura de Puigdemont, en contra, repito, del Consejo de Estado, porque actuando así, lograría, suspender dicha propuesta hasta un máximo de cinco meses”. Y añade que el Tribunal Constitucional, a fin de no ser cooperador necesario, tendría que inadmitir o levantar de inmediato esa suspensión, si el Gobierno presenta esa impugnación y no agotar el plazo de cinco meses.
Ya en la mañana de este jueves, el jurista aseguraba que la impugnación que pretende el Gobierno contra la propuesta del President del Parlament de proponer a Puigdemont como President de la Generalitat, tiene que ser inadmitida por el Tribunal Constitucional en base a la propia doctrina del Tribunal Constitucional establecida por el pleno de dicho Tribunal en el Auto 135/2004, de 20 de abril, en el asunto denominado «Plan Ibarrexte».
En esteauto el TC concluye: “La impugnación del Título V (se refiere a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) queda descartada, por principio, si pretende dirigirse contra el acto de trámite antes de que el procedimiento concluya, pues, según se ha dicho, el título V, en un entendimiento sistemático de la Ley en la que se incluye, establece un procedimiento de control de constitucionalidad de disposiciones y resoluciones imputables a la Comunidad Autónoma por conducto de los órganos expresivos de su voluntad institucional, supuesto en el que manifiestamente no pueden comprenderse los actos que se insertan en un procedimiento de gestación (incierta) de esa voluntad. Y debe también excluirse una vez finalizado el procedimiento, si éste lo hace con una norma con rango de ley”.
Además, con la impugnación pretendida por el Gobierno español, se vulnera el Artículo 23 de la Constitución Española:
«Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».