Si se Puede asegura que “El gobierno de Bermúdez es cómplice del agravio al personal de vigilancia y seguridad que presta servicio en las sedes municipales”
Denuncian que la empresa mantiene la tónica de incumplimientos mientras espera por la incorporación de la nueva adjudicataria
Sí se puede exige al gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife medidas rotundas e inaplazables ante el maltrato que continúa dando la empresa Seguridad Integral Canaria a las personas que tiene empleadas. El portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, asegura que “el gobierno de José Manuel Bermúdez es cómplice del agravio al personal de vigilancia y seguridad que presta servicio en las sedes municipales”.
“Bermúdez debe reaccionar cuanto antes, si sigue mirando para otro lado no hará más que confirmar su menosprecio hacia una plantilla que, a pesar del trato denigrante que recibe de su empresa y del Ayuntamiento, cumple sus servicios con una profesionalidad y un aguante admirables”, manifiesta Arcila, quien destaca que “el comportamiento de CC con Seguridad Integral Canaria mantiene la tónica de este partido con las empresas que prestan servicios a la corporación y a la ciudadanía de Santa Cruz y que, en este caso concreto, se ha hecho palpable con la actitud despreciativa del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, hacia el personal de seguridad”.
Arcila se refiere a la continuidad de los incumplimientos de la empresa, que no paga los salarios que debe a su plantilla en el Ayuntamiento, mientras se espera por que la nueva adjudicataria asuma la prestación del servicio. “Es intolerable que, a pesar de que la corporación ha sido puntual en el pago de los servicios a Seguridad Integral Canaria, esta mantenga hasta el último día su tónica de retrasar los pagos”, subraya.
Dada la gravedad de estos hechos, que, además, son manifiestamente ilegales, el portavoz de Sí se puede defenderá en el pleno municipal el próximo viernes, 22 de diciembre, una moción para que el pleno exprese su apoyo moción a los trabajadores y trabajadoras que prestan este servicio, que atraviesan circunstancias personales y familiares tan difíciles.
La iniciativa ecosocialista plantea no devolver la fianza definitiva a la empresa hasta que no se acredite el pago de las penalizaciones impuestas o en trámite que pudieran imponerse por expedientes sancionadores incoados y hasta que no conste por informe de los representantes de los trabajadores que todo el personal de vigilancia ha cobrado los salarios adeudados por Seguridad Integral Canaria.
Así mismo, de aprobarse la moción de Sí se puede, el Ayuntamiento capitalino encargará a los servicios municipales que analicen todas las opciones válidas en derecho para entregar al colectivo afectado el importe de los salarios adeudados, con fondos que se resten del importe de la fianza o de las cantidades que adeude el Ayuntamiento a la empresa.
Finalmente, la moción plantea resolver de manera inmediata la relación jurídica con la empresa Sinergia, que en la actualidad presta servicios de vigilancia en la Gerencia de Urbanismo, y prohibir de manera taxativa a los servicios municipales que se adjudiquen servicios de vigilancia a empresas que no respeten el vigente Convenio Colectivo de Vigilancia y Seguridad.