Entrevista a Santiago Pérez en Radio San Borondón
SB-Noticias.- Santiago Pérez desmiente los titulares publicados en algunos medios que vienen a transmitir que la Ley del Suelo de Clavijo ya cuenta con todas las garantías del derecho europeo, ignorando que se trata de un procedimiento parlamentario sin mayor alcance y que aún queda el proceso judicial iniciado contra la norma.
Santiago Pérez asegura que se trata de “un farol” del Gobierno de Canarias, del “mundo empresarial del que Clavijo es su brazo armado” y de algunos medios generosamente subvencionados con dinero público, que saben que la Ley del Suelo está viciada y son conscientes de que las iniciativas ciudadanas presentadas contra la misma son muy consistentes. Y afirma que, con estos titulares, por un lado tratan de tranquilizar a los inversores para que inviertan, asegurándoles que la nueva Ley es segura, y por otro intentan confundir a la ciudadanía, que mayoritariamente desconoce en profundidad estos temas.
Este viernes se ha conocido que un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE concluye que la Ley no incumple el derecho comunitario. Santiago Pérez recuerda que hay dos vías abiertas contra la Ley del Suelo, la vía parlamentaria en Europa y la judicial. Afirma que las garantías en esta materia no son parlamentarias sino que las verdaderas garantías son judiciales y que “el relato judicial ha no empezado aún a escribirse”.
Lo que se tramita en Europa es un proceso parlamentario, a raíz de la denuncia de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible.
El pasado mes de septiembre la Plataforma presentó una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La denuncia no fue archivada -tal como pretendía el Gobierno de Canarias- y la Comisión de Peticiones del Parlamento la envió a la Comisión Medio Ambiente, quien ahora emite un informe en el contexto de un procedimiento meramente parlamentario, que -tal como afirma Santiago Pérez- “podrá terminar en un acuerdo del Parlamento que tendrá valor político, pero nunca jurídico”.
El proceso judicial de la Ley
Precisamente lo que el profesor de Derecho Constitucional afirma que está por escribirse son las decisiones que tomen los jueces, que es la garantía en el Estado de Derecho.
Por una parte, el grupo Podemos en las Cortes Generales presentó ante el Tribunal Constitucional de España un Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley del Suelo, que está por dirimirse.
Por otra parte, los jueces y tribunales de España intervendrán cuando la Ley empiece aplicarse. Santiago Pérez afirma que cuando empiecen a aprobarse reglamentos y planes de ordenación se presentarán recursos por parte de los afectados, particulares, entidades, Plataformas…, y será en ese momento y en sede judicial, cuando se discuta si la Ley es conforme a la Constitución.
El Profesor de Derecho expone que los jueces y tribunales españoles tendrán varias vías que utilizar, primero ante el Tribunal Constitucional de nuestro país. Porque si en un proceso se va a usar una Ley contraria a la Cosntitución estatal en materia de medio ambiente, un juez tiene la obligación de promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional “esa será la única forma que tenemos los ciudadanos de acceder al Constitucional”.
Pero por otra parte, recuerda que los jueces y tribunales españoles, al ser también europeos, si lo que está en juego es una norma del derecho europeo que es prevalente respecto a los estados miembros, pueden aplicar el derecho europeo y anular los planes y reglamentos que puedan derivarse de la ley canaria y que sean contrarios al derecho medioambiental europeo o plantear ante el tribunal de justicia de la UE la llamada cuestión incidental “y ese será el momento en que los ciudadanos puedan acceder al Tribunal de Justicia de la UE”.
Por eso concluye que el proceso de la Ley del Suelo es aún muy largo y que la hora de la verdad ni de lejos ha llegado pues será ante los Tribunales.
Penoso papel del PSOE
Santiago Pérez lamenta que sólo el grupo Podemos en las Cortes españolas haya sido el único que presentó recurso de inconstitucionalidad de la Ley y que el PSOE no lo haya hecho.
Asegura que el PSOE se ha vuelto a desmarcar como lo hiciera en su momento con la Ley Canaria de Especies Amenazadas, que había anunciado un recurso “y al final se rajó”. Para Santiago Pérez está claro que en ambos casos ha sido a petición de Coalición Canaria “lo estamos viendo estos días que el PSOE, de la mano de Ángel Víctor Torres vuelve a rendirle pleitesía a CC y uno de los regalos de novios puede ser que el POSE haya renunciado a recurrir esta Ley ante el Tribunal Constitucional”.