No es nada novedoso que la educación en Canarias presenta serias dificultades derivadas fundamentalmente del terrible estrangulamiento económico al que, tanto el gobierno estatal como el autonómico, la tienen sometida.
Tampoco es ninguna novedad que, desde hace años, son muchas las voces que reclaman mayor atención presupuestaria y más y mejores recursos para la educación pública. La que pagamos entre todas y todos y la que llega a todas y todos sin excepción. Así por ejemplo, los docentes, para realizar adecuadamente su labor, han venido demandando incremento de plantillas, reducción de ratios, recuperación de la jornada lectiva anterior a los recortes, más y mejores medidas de apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa (NEAE), formación acorde a sus necesidades y a los nuevos retos del sistema educativo y mejores recursos e infraestructuras, entre otras muchas. Por su parte, alumnado y familias reclaman una oferta educativa más amplia y diversificada, mejoras en la política de becas, gratuidad para libros y material escolar, mejoras en las infraestructuras educativas, centros escolares en núcleos rurales, servicios complementarios gratuitos en todos los centros y un largo etcétera.
Del mismo modo, tanto el Consejo Escolar de Canarias como las juntas de personal docente no universitario de ambas provincias, han marcado al Gobierno de Canarias una hoja de ruta para mejorar los resultados que pasa, ineludiblemente, por incrementar el presupuesto educativo en consonancia con lo que establece la Ley Canaria de Educación (LEC). Sin embargo, el gobierno sigue haciendo oídos sordos a todas estas recomendaciones provenientes de usuarios, profesionales, y órganos de contrastada solvencia. Por el contrario, en vez de aproximarse al suelo presupuestario del 5% establecido por la LEC, el presupuesto educativo no ha hecho más que mermar año tras año, situando a Canarias por debajo de la media del estado y muy distante de los países de la OCDE.
La situación se ha agravado tanto que han saltado todas las alarmas. Para tratar de revertir esta situación, se ha constituido una plataforma ciudadana bajo el lema “4% para educación ya”, que exige que el presupuesto educativo para el 2018 se eleve hasta el 4% del PIB, y un 0,25% más cada año hasta 2022. Asimismo, el Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente una PNL en esos mismos términos. Aún así, los presupuestos de 2018 vuelven a tratar a educación como a la Cenicienta del cuento, pues apenas alcanzan el 3,7% del PIB. Este maltrato a la educación contrasta vergonzosamente con la de bajada de tipos impositivos que nuevamente beneficiarán quienes más tienen.
Sin embargo, a pesar de la innegable realidad de que el Gobierno de Canarias no se esfuerza presupuestariamente por alcanzar la educación que nuestra sociedad se merece, los datos evidencian que el abandono escolar temprano (uno de los indicadores del fracaso educativo) se ha reducido en los últimos años a un ritmo extraordinariamente más elevado que la media del estado, pasando del 23,8% en 2014, 1,9% por encima de la media estatal, al 17,1% en el primer trimestre de 2017 (último dato facilitado por el INE), donde Canarias ya se sitúa un 1,4% por debajo de dicha media.
Esta mejoría de los datos de abandono escolar no puede atribuirse a un único factor pero, sin lugar a dudas, la profesionalidad y la dedicación del personal docente, más allá de lo estrictamente obligatorio, ha sido determinante para este logro. Siendo así, resulta imprescindible que la Consejería de Educación y el Gobierno de Canarias, reconozcan y valoren la ardua tarea que los docentes han venido desarrollando a lo largo de los últimos años, máxime teniendo en cuenta las enormes dificultades que han tenido que superar. El papel de los docentes canarios en su conjunto no merece otra calificación que la de “ejemplar”.
Lamentablemente, ni la Consejera de Educación, ni el Presidente del Gobierno, parecen compartir esta opinión, pues, a juzgar por el anuncio realizado recientemente por el Sr. Viceconsejero acerca de reforzar la inspección en los centros educativos, resulta evidente que no se fían de la profesionalidad de nuestros docentes, los mismos que, con tan poco, han conseguido mejorar tanto.
Señor Presidente, Señora Consejera, con el debido respeto, permítame orientarlos. Si de verdad quieren mejorar la educación, no busquen culpables dentro de las aulas. Símplemente, miren ustedes a uno y otro lado en el próximo Consejo de Gobierno. No es de recibo que, después de tanta dedicación y en condiciones tan desfavorables, nos vengan ahora con éstas. Los docentes no necesitamos inspectores dentro del aula que nos digan cómo hacer nuestro trabajo. Eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos son más y mejores medios y, por supuesto, más docentes que vengan a compartir nuestra inmensa tarea. No importa si son personas sin experiencia, somos capaces de orientarlas y formarlas y, por supuesto, de aprender también de sus ideas e innovaciones. Según los datos del MEC, en Canarias flatan 2.135 docentes para situarnos en la media estatal.
Resumiendo, la Educación Pública Canaria es un imponente galeón que no avanza más rápido porque faltan más docentes que remen galeras y remos en mejores condiciones. Pero el Almirantazgo nos envía más capataces con látigos. ¡Mal, muy mal!
Emilio J. Armas Ramírez
Presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Las Palmas