Clavijo y los constructores y promotores inmobiliarios –que tanto monta– saben perfectamente que eso que llaman Bruselas, que según ellos ha bendecido la conformidad de la Ley del Suelo con la normativa medioambiental de la Unión Europea, es meramente un escuálido informe de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Saben que ese informe –del que sólo Clavijo y sus cuates tienen conocimiento– ha sido emitido a requerimiento del Parlamento Europeo que continua tramitando una petición de la Plataforma canaria “Por un Territorio Sostenible”. Sí: la misma denuncia que el Gobierno de Canarias intentó infructuosamente que se archivara en el debate que en septiembre sostuvimos en la Comisión de Peticiones.
Sabe Clavijo –o no, que diría Rajoy– que el Parlamento europeo terminará la tramitación de un procedimiento parlamentario con una resolución parlamentaria sin valor de Ley y, por supuesto, sin la naturaleza y los efectos jurídicos propios de una sentencia judicial.
Saben que la Plataforma abrió ese escenario parlamentario, a iniciativa y con el apoyo de la eurodiputada de IU Ángela Vallina, para ir dando conocer en el ámbito de la UE los estropicios que va a producir la Ley del Suelo; ya que el aislamiento de las regiones ultraperiféricas es el aliado principal de los depredadores del territorio.
Saben que la Unión Europea está edificada sobre los principios del Estado de Derecho. De modo que las garantías de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos no descansan principalmente en el Parlamento, ni en la Comisión Europea, que son órganos de naturaleza política y actualmente bajo mayoría política conservadora. Sino en el poder judicial, que debe ser independiente, actuar imparcialmente y estar sometido exclusivamente a la Ley y al Derecho.
Saben que la hora de la verdad de la Ley del Suelo será ante los tribunales, tanto en España como en Europa.
Saben que el recorrido judicial de la Ley del Suelo no ha hecho sino empezar con el recurso de presentado por Podemos ante el Tribunal Constitucional.
Saben que los reglamentos de desarrollo y los instrumentos de ordenación de ámbito insular o municipal que recojan los aspectos más controvertidos de la Ley del Suelo, así como la amplia panoplia de mecanismos singulares, transitorios, excepcionales, convenios urbanísticos… que se han inventado para saltarse el principio de legalidad, la seguridad jurídica e instaurar el reino de la discrecionalidad, pueden acabar en los tribunales españoles de lo contencioso-administrativo, que actuarán a la vez como jueces españoles y como jueces europeos. Porque esa es exactamente su condición.
Y que cuando en el transcurso de cualquier proceso el Gobierno de Canarias pretenda justificar los actos de desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo, deberán examinar la conformidad de ésta con la Constitución y la legislación estatal sobre el suelo y sobre el medioambiente. Porque son de obligado acatamiento para las Comunidades Autónomas. Y promover, en caso de duda, una cuestión de inconstitucionalidad abriéndonos camino a los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional.
Los jueces de cualquier Estado miembro son, simultáneamente, jueces de la Unión Europea ya que ésta solo dispone de una estructura judicial “central”, conformada por el Tribunal de Justicia, por el Tribunal General y por algunos tribunales especiales.
Y como jueces europeos deben asegurar la prevalencia y la aplicación directa del Derecho de la Unión frente a las normas jurídicas de los Estados, incluso frente a las que tengan rango de Ley. De forma que no podrán aplicar la Ley del Suelo de Clavijo (lo que no pueden hacer directamente por motivos de inconstitucionalidad, como jueces españoles) ni los reglamentos de desarrollo ni los instrumentos de ordenación si consideran que vulneran la legislación medioambiental europea. Y si tienen dudas, deberán promover una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión en la que pueden intervenir los ciudadanos.
Clavijo y sus compinches saben también que a los ciudadanos y a las asociaciones no les será fácil ejercer el derecho de acceso a la justicia en materia medioambiental, aunque esté especialmente protegido desde que la UE y España ratificaron el Tratado de Aarhus, porque no disponen de los recursos económicos ni de los medios de asesoramiento jurídico con que sí cuentan el Gobierno y las Administraciones Públicas. Y pagamos los contribuyentes.
Precisamente porque conocen esa dificultad, Clavijo y los empresarios de la construcción —convirtiendo al Parlamento de Canarias en su agencia particular– han suprimido el control previo de legalidad de las normas de planeamiento y eliminado la COTMAC, cuyos informes han servido en tantas ocasiones a los ciudadanos como guía para explorar la jungla de documentos y las miles de determinaciones de ordenación que contiene cualquier plan de ordenación territorial o cualquier plan urbanístico.
Pero, sobre todo, saben que la mayoría de los ciudadanos desconocen cómo funciona todo esto. Y pretenden aprovecharse de ese desconocimiento para confundir y desinformar. Y para animar a algunos inversores despistados a adentrarse en aguas jurídicamente tormentosas a bordo de la Ley del Suelo.
Por eso, Clavijo y sus trompeteros se ha agarrado a un informe de de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea como si fuera la tabla de salvación de una Ley del Suelo llena de vías de agua desde la botadura.
Y pretende entonar el colorín colorado de un cuento judicial que no más acaba de empezar. Y ellos lo saben. Vaya si lo saben.