Auto Juzgado Instruccion Nº 2 La Laguna
SB-Noticias.– La titular del Juzgado de Instrucción N.º 2 de La Laguna ha elevado al Tribunal de Justicia de Canarias el llamado caso Grúas, al estar implicado en el mismo el exalcalde de La Laguna y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
El Caso Grúas investiga una serie de actuaciones presuntamente irregulares cometidas durante su etapa como alcalde de La Laguna por Clavijo, en relación al servicio de retirada de vehículos de la vía pública, así como el actual Alcalde, José Alberto Díaz, el concejal y Portavoz de CC en el consistorio José Antonio Pérez Godiño y a los antiguos socios de la empresa que se hizo con la concesión del servicio en 2011, quienes, según los denunciantes, tienen vínculos personales con el actual jefe del Ejecutivo regional.
La denuncia que originó el proceso judicial fue interpuesta el 26 de abril de este año por Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC, por presuntas irregularidades que pudieron cometer Clavijo y miembros de su gobierno local.
La causa, que fue sobreseída por la titular del juzgado de instrucción número 2 de la laguna, Celia Blanco, se ha visto modificada debido al reciente auto de la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife en el que se ordena a la magistrada que reabra el caso al no justificar suficientemente el archivo de la causa.
En abril de 2014, el Ayuntamiento asume la gestión de la empresa, debido a los incumplimientos y las difíciles circunstancias económicas por las que atravesaba, y los interventores designados por el consistorio concluyeron que la empresa no se encontraba en condiciones de seguir prestando el servicio.
A pesar de ello, Clavijo firmó un decreto en junio de 2014 para levantar los reparos planteados por el interventor y conceder un préstamo de 120.000 euros a la empresa en plena vigencia de la medida cautelar por la que el Ayuntamiento había asumido el servicio. El informe desfavorable de Intervención remarcaba que el expediente no había sido incoado por el órgano competente y que la propuesta carecía de fundamentación jurídica, de cobertura legal y de especificaciones fundamentales, como la duración del préstamo.
Ya la Audiencia Provincial exponía con contundencia que: “A la vista de la situación expuesta, no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal, como señala el Juzgado de Instrucción”.
Así como tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo. Por ello no se excluye la malversación de caudales públicos.