Cuando los partidarios de la independencia de Cataluña anunciaron que intentarían convertir las elecciones autonómicas catalanas en un plebiscito, algunos se rasgaron las vestiduras. Yo no.
Nadie podía impedir, ni era ilícito, que los partidos independentistas se presentaran a unas elecciones autonómicas con un único programa: Independencia.
Más o menos así ocurrió en las elecciones municipales de 1930 con la coalición republicana. Las elecciones eran municipales, se elegían alcaldes y concejales; pero dieron a entender que si ganaban los republicanos los ayuntamientos, ese pronunciamiento equivaldría a un rechazo del pueblo español a la Monarquía. Aunque, en principio, solo tuviera efectos políticos.
Lo que fue una maniobra tramposa, fue hablar de plebiscito y no aceptar la regla elemental de este tipo de consulta: se cuentan síes y noes. Y los síes a la independencia no fueron mayoría. Eso fue lo de menos. Después del desconcierto inicial y de que la CUP reconociera que habían perdido el plebiscito, pasaron a proclamar que hemos ganado porque, traducidos por la ley electoral los votos en escaños, las candidaturas independentistas iban a tener mayoría parlamentaria. Y desde ahí, hasta aquí.
Parece que, ahora, los partidarios de la independencia no creen que les convengan unas elecciones inmediatas como proponen Ciudadanos y PSOE. Porque con la polarización de la sociedad catalana, la participación electoral puede ser mucho mayor que en otras elecciones al Parlament. Y estas nuevas elecciones tendrán políticamente, se quiera o no, carácter plebiscitario.
Se elegirán diputados; pero será un pronunciamiento con garantías del pueblo catalán, del que estarán pendientes los gobiernos europeos y la opinión pública europea e internacional. Y tanto si la mayoría arropa a los independentistas como si dan su apoyo a los defensores de la legalidad constitucional y de la España de las Autonomías, el resultado determinará considerablemente la evolución del conflicto.
De ahí la prudencia de Rajoy y Puigdemont ante la posibilidad de elecciones anticipadas inmediatas en Cataluña.
Precisamente porque las elecciones autonómicas tendrán carácter plebiscitario, es por lo que creo que habría que sopesar la opción de convocar simultáneamente elecciones generales.
Convocar ahora elecciones en Cataluña es aceptar que este conflicto concierne solamente a la sociedad catalana. Aceptar el escenario delimitado por los nacionalistas catalanes. El mismo escenario en el que debería celebrarse el “referéndum pactado”, a extramuros de la Constitución, que han propuesto como salida algunos dirigentes políticos y analistas. Y, en definitiva, dejar al margen al resto de la sociedad española que vive intensamente la situación y que se verá afectada directamente por el desenlace de este conflicto. Una ciudadanía española que, si es llamada a las urnas, ejercerá su derecho al voto muy condicionada por lo que está ocurriendo en Cataluña.
Una ciudadanía española que tiene el mismo derecho a hacer y creer en un relato de España y de las relaciones entre los ciudadanos y las comunidades territoriales que la integran –y a defender que la soberanía corresponde al pueblo español– que los partidarios de la independencia de Cataluña a hacer el suyo, negando la existencia de España como realidad política e identificando al “Estado” como un mecanismo diabólico y opresivo.
Convocar simultáneamente las elecciones generales tiene sus riesgos; pero permitiría comparar, en clave catalana, no solo el resultado que se produzca en Cataluña sino en toda España. Y ampliando el terreno de juego que quieren acotar los partidarios de la independencia.
Sería, en términos políticos, algo así como reafirmar que la cuestión catalana afecta a toda España y que, por tanto, decidirla no corresponde sólo a los ciudadanos de Cataluña. Es decir, el escenario propuesto por los partidos “constitucionalistas”.
Santiago Pérez, octubre 2017
EL ESTADO FALLIDO (II)
Empiezo a leer por todos lados predicciones sobre las dificultades de todo tipo para aplicar el artículo 155: desde la resistencia política y de sectores ciudadanos, hasta el boicot de órganos y funcionarios de la Generalitat.
Esas dificultades eran y son perfectamente previsibles y se ven agravadas por la mínima presencia en Cataluña de la Administración del Estado.
Esas previsiones lo que hacen es poner de manifiesto el riesgo de que el Estado de las Autonomías, es decir el Estado democrático fundado por la Constitución de 1978, se convierta ante los ojos de todos en un Estado fallido.
Y también fallida nuestra democracia constitucional: que no se rige por el mero gobierno de las mayorías, ni en el ámbito estatal ni en las comunidades autónomas o en las entidades locales. Sino por el principio del gobierno de la mayoría limitado por los derechos y principios establecidos por la Constitución, que tienen en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial sus garantías principales.
De modo que hay temas que no pueden imponer las mayorías, ni en las Cortes Generales ni en los Parlamentos autonómicos o en los Plenos de las corporaciones locales. Forma eso que se llama la esfera de lo no decidible. Pero en un país de tradiciones autoritarias, es difícil que esto lo entiendan muchos políticos y muchos ciudadanos.
Y aquí reside la diferencia entre una democracia autoritaria, que funciona como dictadura de las mayorías, y una democracia constitucional. Como la que define y a la que aspira la Constitución de 1978 y el pueblo español que la votó masivamente.
Un sistema federal –y el Estado de las Autonomías lo es– no deja de ser un Estado. Y, por lo tanto, fuerza; aunque, en el Estado constitucional y democrático, fuerza legítima.
Los Estados Unidos, cuya naturaleza de Estado Federal nadie cuestiona, han tenido que afrontar varios momentos extraordinariamente críticos en sus más de 200 años de historia. No me estoy refiriendo a la trágica Guerra de la Secesión (1860-1865). Sino, por ejemplo, a la rebeldía de varios Estados sureños a aplicar la Sentencia del Tribunal Supremo Norteamericano en la caso Brown vs Board of Education (1954) que declaraba contraria a la Enmienda 14ª de la Constitución la legislación que establecía la segregación racial en las escuelas. El presidente Lyndon B. Johnson recurrió a las Fuerzas Armadas para imponer el cumplimiento de la Sentencia.
Me preocupa todo esto; porque la experiencia enseña que, cuando la democracia falla en España, lo que viene detrás no es más democracia; sino menos democracia. O algo peor todavía.