Joaquín Astor Landete, presidente del la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha comparado la situación creada en Santa Cruz de Tenerife por el «inadmisible» rechazo de algunos políticos para ejecutar una sentencia firme con el incumplimiento de la ley en Cataluña.
EFE.- En su discurso con motivo de la apertura del año judicial, Ástor Landete ha hecho hincapié en la «extrañeza» que le produjo «un caso concreto» ocurrido recientemente en Santa Cruz de Tenerife, en donde sectores locales rechazaban cumplir una sentencia firme, a pesar de que su ejecución, en un Estado de derecho, compete a los poderes del estado y a las administraciones.
«Los poderes del Estado, las administraciones y los ciudadanos tienen que cumplir las sentencias, ese es el mandato del Estado de derecho, con eso funcionamos», ha recalcado el magistrado.
Astor Landete ha denunciado que se rechazara cumplir una sentencia, presumiblemente en referencia al caso mamotreto, por parte de sectores políticos, profesionales y «ciudadanos interesados». «No han tenido ningún decoro en acudir a los medios de comunicación y en poner patas arriba todo aquello que se venía haciendo por quien en definitiva no hacía otra cosa que cumplir las resoluciones judiciales firmes», ha denunciado.
«Lo considero inadmisible, eso pone en duda el estado de derecho» y recuerda a lo que está pasando en Cataluña, ha continuado.
Según el presidente del Audiencia, la situación catalana muestra claramente «la trascendencia de lo que pasa cuando no se cumplen las resoluciones judiciales y la ley». Eso «hay que extrapolarlo a la situación local, algo no funciona bien», ha subrayado.
La corrupción ha sido uno de los aspectos principales que ha abordado Joaquín Ástor Landete en su discurso y ha reprochado «que se nieguen las responsabilidades en la vía política y se remitan a los tribunales», lo cual «es un error muy grave».
Para el presidente de la Audiencia, los problemas de corrupción son «individuales» y cada uno debe responsabilizarse «sin el paraguas de la presunción de inocencia», porque la responsabilidad política es distinta.
«Y cuando la responsabilidad individual no funciona, son los partidos los que deben dar ejemplo, porque la sociedad se lo pide a gritos, que haya responsabilidad en los partidos políticos», ha añadido.
Y si la responsabilidad política tampoco funciona en los partidos «algo habrá que decir en las cámaras legislativas, pero no son los jueces los que deben resolver los problemas políticos», ha insistido.
A los jueces les compete depurar las responsabilidades civiles o penales que pueda haber en los casos de corrupción, «pero ya con la tranquilidad de que se ha asumido la responsabilidad política».
El presidente de la Audiencia Provincial se ha referido también a la polémica sobre la ubicación de la futura ciudad de la justicia y ha dicho que debe ubicarse en Cabo Llanos, tal y como está establecido en la memoria del Plan General de Ordenación.
La conectividad, el acceso, la centralidad, la cercanía a otras administraciones y el interés ciudadano son los criterios que deben primar, dijo Ástor Landete.
El presidente de la Audiencia ha destacado el buen funcionamiento de los juzgados de lo penal y de los social en la provincia, que están «casi al día» y el buen rendimiento de los juzgados de lo civil, aunque sigue habiendo dilaciones indebidas en muchos procedimientos porque hacen falta cambios legislativos y más personal.
También ha demandado mejoras retributivas ante la pérdida de poder adquisitivo de todos los funcionarios de la administración de justicia.
Previamente intervino en el acto la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, quien subrayó que los 55 fiscales de la provincia son insuficientes, como también hay necesidad de más medios materiales.
Almendrañ dijo que todos los que trabajan en la administración de justicia deben hacer «el esfuerzo que sea preciso» para recuperar la confianza ciudadana.
«El fiscal está obligado a perseguir todos los delitos, los cometa quien los cometa, sin tener en cuenta la identidad, posición, afinidad, militancia política o cargo de la persona investigada», dijo.