Entrevista a Manuel Marrero en Radio San Borondón
El Grupo Parlamentario saca adelante una iniciativa que recoge un incremento presupuestario progresivo hasta llegar al 5 por ciento del PIB en 2022
El diputado Manuel Marrero ha exigido que el Gobierno de Canarias cumpla con la Ley Canaria de Educación “porque el Gobierno está obligado a cumplir las leyes que se aprueban en este Parlamento”
El Grupo Parlamentario Podemos ha logrado aprobar una iniciativa parlamentaria en la que se exige al Gobierno de Canarias un incremento presupuestario en Educación. El diputado Manuel Marrero ha afirmado que lo que se persigue es que el Ejecutivo autonómico cumpla con la Ley Canaria de Educación, aprobada en el año 2014, “y que recoge que el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes, como mínimo en el 5 por ciento del Producto Interior Bruto”.
“Casi cuatro años más tarde –ha asegurado Marrero-, y justo ahora que se van a empezar a debatir los presupuestos para 2018, tenemos que recordar que hay un déficit de al menos 1,5 por ciento en relación los objetivos marcados en esa ley en relación a la inversión en Educación”.
Debido a ello, el diputado de Podemos ha instado al Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo a que incluya en los próximos presupuestos un incremento para que la inversión educativa se sitúe en el 4 por ciento del PIB. Además, también ha solicitado que “se comprometa ante la sociedad canaria, cumpliendo así con la Ley Canaria de Educación, a aumentar anualmente esta materia en un 0,25 por ciento del PIB hasta el año 2022, para situarla en el 5 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto”.
Marrero ha recordado al presidente Clavijo “que el Gobierno está obligado a cumplir las leyes que se aprueban en este Parlamento”. El diputado también ha rememorado que precisamente la Ley Canaria de Educación “nació como una respuesta a una Iniciativa Legislativa Popular, que fue presentada con más de 35.000 firmas, “después de un amplio debate social en el que participaron diferentes sectores de la comunidad educativa, que cifraban en un 7 por ciento del PIB las demandas en inversión en la Educación Pública, aspiración a la que no han renunciado”.