Rueda de Prensa 
Texto de la moción
SB-Noticias.- José Alberto Díaz Estébanez amenaza a Pedro Fernández Arcila y a Ramón Trujillo y a sus familias por pedir su reprobación por el caso Las Teresitas. Los ediles estudian tomar acciones judiciales
Ramón Trujillo y Pedro Fernández Arcila han pedido hoy la dimisión de los concejales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife José Alberto Díaz-Estébanez, Dámaso Arteaga y José Carlos Acha , después de que el primero de ellos ayer lunes en el transcurso de la Junta de Portavoces, tras enterarse de que IU y Si se Puede presentarán una moción al Pleno pidiendo su reprobación, los amenazara a ellos y sus familias afirmando -según testigos presenciales- “ya me encargaré yo de que todo el daño que me están haciendo a mí recaiga sobre ustedes y sus familias”.
Ramón Trujillo (Concejal de Izquierda Unida) y Pedro Fernández Arcila (Concejal de Si se Puede) informaron de que van a presentar una moción al Pleno, pidiendo la reprobación de José Alberto Díaz-Estébanez, concejal de Seguridad Ciudadana, Dámaso Arteaga, concejal de Infraestructuras, Obras Públicas y Servicios y José Carlos Acha, concejal de Cultura, que votaron el convenio para la compraventa del frente de playa de Las Teresitas en el año 2003, la mayor operación especulativa y de corrupción de Santa Cruz de Tenerife, que aún permanecen en el grupo de gobierno municipal.
Acusan a Coalición Canaria de ser una organización que tiene por lema el no rendimiento de cuentas, hasta tal punto que los “desaguisados” de algunos dirigentes solo han sido respondidos cuando ha habido una condena, pero nunca asumen responsabilidades políticas.
Ramón Trujillo afirma que ya es hora de que, una vez que se han acreditado estos hechos de gran relevancia penal pero también política en el ayuntamiento de Santa Cruz, estos tres concejales que son corresponsables por acción u omisión de la compraventa de la playa de Las Teresitas, asuman sus responsabilidades política y sean reprobados por el Pleno municipal: “Pretender no tener responsabilidad política en la aprobación del convenio que llevó a la operación de corrupción mayor de la ciudad, responde a la cultura de la no rendición de cuentas que caracteriza a Coalición Canaria”.
“Cuando dicen que estos concejales no tenían ni idea de que esta operación era ilegal, podríamos llegar a entender que no conocieran el carácter delictivo pero ¿no conocían que se iba a cometer un abuso de magnitud de 9 en la escala Ritcher?”, se pregunta irónicamente Ramón Trujillo, para expresar que era un tema sobradamente divulgado por la prensa y conocido por políticos y la ciudadanía.
Trujillo hizo un amplio recorrido por la hemeroteca de la época, recordando titulares de noticias en los días en los que se celebró el Pleno que aprobó la operación de compraventa de la playa de Las Teresitas. En este sentido recuerda que en el pleno del 23 de julio de 2001 en el que se aprobó el infame acuerdo, el portavoz de Coalición Canaria, Díaz Estébanez intervenía afirmaciones que vistas hoy son muy significativas: “somos protagonistas de una foto historia en la la que en el futuro, cuando la imagen esté amarilla, aun podremos reconocernos y decir que estuvimos allí”, hechos que Trujillo considera que en verdad supusieron un hito histórico pero de la corrupción en la que nadie querría reconocerse hoy.
De la prensa del mismo mes de julio, rescatan un artículo del entonces concejal Ángel Isidro Guimerá que se preguntaba por qué el ayuntamiento recurrió a valoraciones externas del frente de la playa, cuando contaba con técnicos municipales de acreditada cualificación y sujetos al principio de legalidad y a la defensa del interés público, denunciando finalmente una escandalosa operación especulativa.
Recuerdan asimismo el papel del entonces Secretario Insular del PSOE de Tenerifeque fue mas contundente exigiendo a los concejales del grupo municipal que se abstuvieran, afirmando que “es significativo que el expediente del convenio no tenga ninguna tasación de los técnicos municipales, expertos en la materia y sometidos al acatamiento de las normas, sino que todos los informes sean externos”.
Quizás lo más llamativo en este sentido fuera, para el edil de IU, la portada que publico el periódico El Día, seis días antes del Pleno, titulando “El ayuntamiento de Santa Cruz mantiene que los terrenos del frente playa valen 8.750 millones a pasar de que ha recibido informes de que el precio es muy inferior” y la periodista ya hablaba de otras valoraciones por cantidades de unos 2000 millones y otro de 4.000 “es evidente, afirma, que la periodista estaba en la pista correcta”.
Pedro Fernández Arcila acusa también a estos concejales de ser conocedores de la operación fraudulenta que se iba a cometer y no hacer nada para evitarlo, ni en aquel momento ni con posterioridad. “Estos concejales no hicieron nada, sabiendo que era un enorme error, ni siquiera hicieron autocrítica ni colaboraron con la justicia ni siquier han pedido perdón a la ciudadanía”.
“Por eso -expone Arcila- pedimos su reprobación y después de las amenazas a las que nos hemos visto sometidos ayer, con más ahínco reclamamos además su dimisión “porque no estamos dispuestos a admitir actitudes de este tipo”.