Rueda de Prensa de la Plataforma por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito
La Plataforma por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito “Nosotras Decidimos” exige a la Consejería de Sanidad que elimine los obstáculos con los que se siguen encontrando las mujeres cuando quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, la Plataforma por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito “Nosotras Decidimos” ha emitido un comunicado en el que exigen tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de Canarias que cumplan con sus obligaciones a la hora de garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva.
Según señala la Plataforma “hace ya 7 años que se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que aún con ciertas limitaciones, supuso un relativo avance en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos”. Sin embargo, añaden, “la realidad nos muestra que hay una enorme distancia entre los derechos reconocidos en la ley y su puesta en práctica por parte del Gobierno Estatal y del Gobierno de Canarias”.
En este sentido denuncian “la carrera de obstáculos a la que se enfrentan las mujeres cuando quieren interrumpir un embarazo”. Según refieren, “el Servicio Canario de la Salud está obligando a las mujeres a tener que desplazarse desde su municipio de residencia a las Direcciones de Área de Salud de cada isla, ubicadas en las capitales insulares, para poder gestionar la prestación. En la mayoría de los casos, se están requiriendo hasta tres desplazamientos consecutivos antes de que las mujeres consigan ser derivadas al centro donde se les practicará la intervención”, lo que a juicio de la Plataforma “constituye un claro maltrato institucional y una barrera a la hora de acceder a la IVE”. A este respecto, reclaman a la Consejería de Sanidad “que dicha solicitud pueda ser gestionada desde los centros de atención primaria, y que se facilite el proceso para acceder a la prestación”.
Asimismo, denuncian que “en Canarias las IVES que la ley califica como “interrupciones del embarazo a petición de la mujer”, es decir, la inmensa mayoría de las realizadas, están siendo derivadas por la Consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas (dos en Tenerife y dos en Gran Canaria), mientras que en los centros públicos solo se están realizando las calificadas como “interrupciones por causas médicas”, que suponen un exiguo porcentaje del total”. Desde la Plataforma señalan que “esto hace que en la mayor parte de las ocasiones las residentes en las islas no capitalinas se vean forzadas a desplazarse fuera de su isla para acceder a la prestación, lo cual podría solventarse si dichos abortos fueran realizados en los hospitales públicos insulares”.
En este sentido, desde la Plataforma se exige al Gobierno de Canarias “que se garantice la práctica de las IVE en el sistema sanitario público. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2015, del total de abortos realizados en Canarias el 97,81% (5.097) se llevaron a cabo en centros privados, y tan solo un 2,19% (114) fueron realizados en centros sanitarios públicos”.
Por otra parte, exigen al Gobierno del Estado “una ampliación de los derechos reconocidos en la ley vigente, de forma que se despenalice definitivamente el aborto voluntario, se garantice el derecho a la libre decisión de las menores de 16 y 17 años, se asegure el acceso de las mujeres jóvenes, las migrantes, las que no disponen de tarjeta sanitaria y las víctimas de violencia de género, hoy desprotegidas, y que se regule la objeción de conciencia de las y los profesionales sanitarios, de forma que no sea un obstáculo para la práctica de la IVE en la sanidad pública”.
Por último, reclaman “tanto al Gobierno Estatal como al Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, que se implementen políticas integrales en materia de educación afectivo sexual y de atención a la salud sexual y reproductiva, y que se garantice la disponibilidad de servicios y métodos de anticoncepción con garantía de gratuidad y facilidad de acceso”.