La diputada de Unidos Podemos por Las Palmas, Carmen Valido, llevó ayer a la Comisión de Defensa una propuesta que resultó aprobada –con la abstención del Partido Popular- para que el Ministerio de Defensa rescinda el contrato a la empresa Marsegur Seguridad Privada S.A, adjudicataria hasta la fecha de los servicios de vigilancia en interior de bases, acuartelamientos y otras propiedades de éste órgano del Estado.
Las organizaciones sindicales llevan tiempo denunciando y manifestándose contra las condiciones de semi esclavitud a la que Marsegur Seguridad Privada –adjudicataria de los servicios de vigilancia en las bases y acuartelamientos del Ministerio de Defensa- somete a sus trabajadores.
Una empresa que, como dijo Valido en su exposición “no la quiere ni su plantilla ni los otros empresarios del sector, que la han expulsado de la patronal por sus condiciones low cost, lo que ha llevado a denominarla como empresa pirata”.
Los sindicatos llevaban tiempo de hecho denunciando las condiciones laborales de Marsegur, a la que se le adjudicó el contrato en diciembre de 2016, siendo ya ministra María Dolores de Cospedal, y entró en servicio en mayo de 2017.
Desde entonces, ha sometido a sus trabajadores a un “maltrato continuado”, rebajando los salarios un 40%, percibiendo 726 euros sin respetar antigüedades y sin pagas de beneficios, “y eso cuando cobran, porque es práctica habitual de esta empresa no pagar o pagar tarde”, denunció la diputada.
Todo esto en cumplimiento de su convenio que ha sido anulado dos veces por la Audiencia Nacional, con multa incluida en la primera ocasión.
Además, el plus por armas pasó de 143 euros a 18 euros; las horas de nocturnidad a 10 céntimos de euro, y carecía de planes de Riesgos Laborales, y de órdenes de puesto específico en los centros de trabajo, o formación en materia antiterrorista o en nuevas tecnologías.
“¿Esta es la recuperación del PP? ¿Esta es su salida de la crisis?”, preguntó Valido en comisión, quien acusó a Cospedal de haber dejado la vigilancia exterior de las instalaciones de defensa, con personal armado, en manos de una empresa que “paga poco, mal, tarde, y en condiciones precarias y de semi esclavitud”.