El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, ha informado este miércoles que su grupo municipal trasladará a la Fiscalía Anticorrupción tres facturas emitidas a Mi Tierra TV para que sean incorporadas a las diligencias abiertas por la realización de publicidad institucional en ese medio por parte de otros municipios de Tenerife.
Recuerdan que Mi Tierra TV es un medio de comunicación que ha sido polémico por sus discursos violentos y xenófobos, que mantiene una situación de irregularidad absoluta, que hizo que en octubre de 2012, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias precintara sus equipos de emisión y en el 2015 el TSJC le impusiera al mismo medio una multa de 500.001 euros por la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre, sin la preceptiva licencia administrativa, una acción que el artículo 57.6 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual califica como muy grave.
Ascanio indica que hace meses solicitaron las facturas emitidas por el Ayuntamiento a Mi Tierra TV y a sus empresas afines, como Praudte SL, encontrándonos con tres facturas de esta última abonadas en noviembre de 2015, marzo de 2015 y mayo de 2015, por valor de 6.000 euros en total. “Las propias facturas recogen que se pagaron en concepto de difusión en esa televisión de “actividades propias del área de patrimonio histórico” y difusión de “reportajes sobre el sector primario en el municipio”, siendo una emisora que no tiene señal en nuestro municipio y sinceramente no sabemos qué posible efecto publicitario pudieron tener la emisión de estos programas”, explica.
El concejal indica que “hay múltiples sentencias que indican que para poder hacer un contrato con recursos públicos es necesario que la empresa contratada cuente con el título habilitante exigido de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que incluye también en el caso de las emisoras de radio o de televisión la concesión que las habilita para ejercer la actividad”.
“Lo que está claro es que durante la alcaldía de Fernando Clavijo se contrató en tres ocasiones los servicios de una empresa que no tenía los títulos habilitantes necesarios para desarrollar esta actividad, a la que el propio Gobierno canario había aplicado sanciones y actuaciones por esta situación de irregularidad y que además desde su antena se emitían contenidos tremendamente duros, de carácter xenófobo, así como amenazas y ataques, especialmente contra representantes y organizaciones políticas de la izquierda en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas”, asegura.
Indica además, en relación con este tipo de contenidos, que su compañero José Marrero defendió el pasado mes de diciembre una moción para acabar con la contratación con empresas que difunden estos mensajes de odio, donde se alcanzó el acuerdo unánime de “no contratar servicios, ni publicidad, ni financiación de ningún tipo a empresas de comunicación cuyas líneas editoriales inciten a la discriminación, el odio o a la violencia contra personas, grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenecía de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad, discapacidad o diversidad funcional, en coherencia con los principios del Estado social y democrático de derecho”.
Desde el grupo municipal de Unid@s se puede finalizan explicando que “siendo conocedores de la existencia de estas diligencias por la contratación de esta publicidad que no es conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y tras contrastar con nuestros asesores jurídicos hemos decidido hacer llegar esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que sea ella la que determine si los responsables de Coalición Canaria cometieron alguna irregularidad tramitando estos expedientes”.