La formación Unid@s se puede, segunda fuerza en el Consistorio lagunero, recuerda que en septiembre de 2015 se aprobó una nueva moción en la que se pedía la creación de un mercadillo de venta ambulante en La Laguna y que hasta el momento el Gobierno de CC-PSOE solo ha bloqueado cualquier propuesta relativa a este asunto, que es regular la venta ambulante en el municipio, cuestión en la que “no dudaremos en hacer llegar a los tribunales si es necesario”.
José Marrero, concejal de la formación, asegura que tras ese acuerdo, que sigue a los alcanzados en el mandato anterior, “hemos seguido preguntando por esta cuestión, incluso presentando una propuesta de ordenanza reguladora de esta actividad que fue elaborada por la Comisión de Economía de la Asamblea Ciudadana Lagunera”. Entiende que el Gobierno local “está fomentando con su inacción la práctica irregular de la venta ambulante y situaciones como las vividas hace unas semanas en Bajamar, donde varios vendedores fueron desalojados del entorno de la zona de baño”.
El edil recuerda que su propuesta es la de “abrir un espacio que recoge la ley estatal y europea, para que la venta ambulante se realice dentro de la legalidad y con plenas garantías, ya que la situación actual de bloqueo solo beneficia la práctica irregular de esta actividad, que en esas condiciones sí afecta al comercio tradicional”. Cabe recordar que esta actividad permite la subsistencia de más de 200 familias en el área metropolitana y que es un compromiso que se adquirió con ellos hace años, mediante la redacción de un borrador de ordenanza que costó a las arcas municipales más de 12.000 euros en el mandato pasado .
El edil de Unid@s se puede cree que “hay que facilitar un espacio, aunque sea provisional, para que estas familias puedan trabajar en condiciones ofreciendo sus productos a la ciudadanía, si es cierto que hay voluntad, hay que demostrarlo dando respuesta a la demanda de los representantes del sector”. Asegura que “se deben de garantizar los espacios públicos adecuados para esta actividad y las condiciones para la realización de la misma, con seguridad para los vendedores y los consumidores”.
“Únicamente pedimos que se cumpla con la legalidad, que este tipo de comercio sea tratado de la misma manera que otros, ya que es perfectamente compatible y así lo dictamina las leyes europeas y estatales”, finaliza Marrero.