Un nuevo saqueo descubierto de las arcas públicas :»En concreto, los investigadores sostienen que entre los años 2010 a 2016, las sociedades investigadas obtuvieron de forma global un total de 69.369.876 euros de fondos públicos.
«Estos fondos públicos se concedieron en forma de subvención directa o de préstamos y se obtuvieron en el marco de convocatorias de organismos de ámbito estatal como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MINITUR) y el Ministerio de Economía (MINECO) y de organismos públicos vinculados a estos, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), de Organismos europeos como la Comisión Europea y de centros dependientes de la Comunidad de Madrid (CAM) como la fundación Madrid Networks”, subraya Anticorrupción.
Vozpopuli.- Un imputado señala a un alto cargo de Soria como nexo en las subvenciones con Industria
El gestor de proyectos de Zed, Teófilo Redondo, detenido por la UDEF este jueves, apuntó a Antonio Alcolea Muñoz, director General del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como «la persona bajo cuyo paraguas» se hacían las revisiones de los proyectos que se iban a otorgar a la empresa tecnológica. Anticorrupción afirma que ZED tenía contactos con «personal del Ministerio que le proporcionaban información de las convocatorias, antes de que estas se publicasen en el BOE».
El ex presidente del grupo Zed, Javier Pérez Dolset, en prisión incondicional por orden de la Audiencia Nacional, «ideó» y «ejecutó» un plan para obtener de forma ilícita «la concesión masiva de ayudas públicas». Para ejecutarlo el ex CEO se encargaba «personalmente» de las relaciones con las administraciones públicas, entre ellas con personas del Ministerio de Industria que durante esos años capitaneó el ex ministro José Manuel Soria. Un primer nombre encima de la mesa: el de Antonio Alcolea Muñoz, director General del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según refleja la querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la denominada operación Hanta que ha llevado a la cárcel al empresario.
Los fiscales José Grinda y Carlos Iáñez sostienen que «de las actuaciones realizadas han resultado indicios suficientes para considerar que Javier e Ignacio Pérez Dolset, junto con personas unidas a ellos por vínculos familiares o integradas profesionalmente en el Grupo ZED, idearon y ejecutaron un plan para obtener de forma ilícita la concesión masiva de subvenciones públicas».
Para lograr percibir hasta 69,3 millones de ayudas públicas –en subvenciones y créditos- los cabecillas de Hanta recurrieron al falseamiento de las condiciones necesarias para la concesión de dichas ayudas; se valieron de un «círculo de influencias» con capacidad de penetración en las administraciones públicas para «mover voluntades de los responsables públicos»; y recurrieron a la supresión de las medidas de control para la adjudicación de las subvenciones, así como del control posterior para fiscalizar el resultado del trabajo ejecutado con fondos públicos.
En concreto, los investigadores sostienen que entre los años 2010 a 2016, las sociedades investigadas obtuvieron de forma global un total de 69.369.876 euros de fondos públicos. «Estos fondos públicos se concedieron en forma de subvención directa o de préstamos y se obtuvieron en el marco de convocatorias de organismos de ámbito estatal como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MINITUR) y el Ministerio de Economía (MINECO) y de organismos públicos vinculados a estos, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), de Organismos europeos como la Comisión Europea y de centros dependientes de la Comunidad de Madrid (CAM) como la fundación Madrid Networks”, subraya Anticorrupción.
Un fraude premeditado
El ‘modus operandi’ para conseguir que le fueran adjudicadas ayudas públicas al grupo Zed era el siguiente. En primer lugar, las compañías del grupo elaboraban «proyectos expresamente creados para su presentación ante las administraciones públicas con el exclusivo propósito de obtener ilícitamente recursos públicos».
La operativa fraudulenta que desarrollaron las mercantiles se basó en la «elaboración de memorias justificativas ficticias» adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de Innovación y Desarrollo. Con este fin, las mercantiles se dotaron de personas que expresamente se encargaban de «vestir tecnológicamente» los proyectos para que encajasen en la convocatoria publicada en el BOE, así como de realizar las actuaciones necesarias para preparar las memorias justificativas que se remitían a las administraciones públicas para la fiscalización del cumplimiento de los parámetros fijados en las resoluciones de convocatorias y concesiones de las respectivas subvenciones. Estas personas estaban integradas en la estructura empresarial de ZED, a las órdenes de Javier Pérez y se distribuían entre ellos distintos papeles.
«ZED presuntamente tenía contactos con personal del Ministerio que le proporcionaban información de las convocatorias, antes de que estas se publicasen en el BOE», recalcan los fiscales
Una vez confeccionados los proyectos «vestidos tecnológicamente» para encajar en la convocatoria de subvenciones publicada en el BOE, el ex CEO Javier Pérez Dolset era la persona que se encargaba de las relaciones con las administraciones públicas.
«ZEDWW presuntamente tenía contactos con personal del Ministerio que le proporcionaban información de las convocatorias, antes de que estas se publicasen en el BOE. Estos mismos contactos se utilizaron igualmente para las revisiones a posteriori del estado de ejecución de los proyectos», recalcan los fiscales.
Un alto cargo señalado
Por su parte, el gestor de proyectos de Zed, Teófilo Redondo –quien ha quedado en libertad tras ser detenido por la UDEF y pasar a disposición de la Audiencia Nacional- «señaló a Antonio Alcolea Muñoz, Director General del Ministerio de Industria, energía y Turismo, como la persona bajo cuyo paraguasse hacían estas revisiones».
Se da la circunstancia de que las sociedades investigadas en esta trama corrupta obtuvieron, entre los años 2011 y 2015, fondos públicos por importe de 48.839.200 euros, procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Estos fondos tomaron la forma de subvenciones (4.677.408 euros) y préstamos (44.161.792 euros) y se obtuvieron presuntamente al amparo de ocho programas de ayudas ofertadas por la referida Secretaría de Estado.
Según recoge su propio perfil de la red social Linkedin, de Antonio Alcolea Muñoz ha sido desde el año 2009 hasta la actualidad coordinador de la Inspección Técnica y Control de Calidad de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones; vocal asesor de dicha secretaria de Estado y para la Sociedad de la Información; y, subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información. Gran parte de estos cargos los desempeñó mientras el ex dirigente del Partido Popular José Manuel Soria estuvo al frente del Ministerio de Industria.
Y en este escenario es donde sale otro nombre conocido para los investigadores. Es el del presidente de La Razón, Mauricio Casals. Según la versión de Javier Pérez Dolset, en estas «labores de penetración» en las administraciones públicas, todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas «se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta» y, en concreto, de Casals, quien «tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas».