Como si de una película de misterio se tratara, acusados y testigos aseguran desconocer -tras reiterados intentos por parte del Ministerio Fiscal y de la Acusación popular- quién y por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió comprar la Casa Siliuto, quien negoció con los dueños de la Casa comprarla por el doble del valor calculado por técnicos del consistorio, o quien añadió una cláusula en las escrituras por la cual el Ayuntamiento, con dinero de todos los santacruceros, asumía el pago de la plusvalía, que por ley le correspondía a la parte vendedora.
Este martes se celebró la primera sesión del Juicio del Caso Silituto, un caso paradigmático, en el que se utilizan las mismas artimañas para supuestamente “robar dinero público” que en el del conocido pelotazo de Las Teresitas, repitiéndose algunos de los actores.
Se trata de la compra por parte del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la Casa Siliuto, conocida también por Casa Lázaro, por un valor superior al real, por 612.000 euros cuando los técnicos del propio ayuntamiento la valoraron en 332.000 euros.
La venta se aprobó en una reunión del Consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la que a nadie llamó la atención que el inmueble, que se iba a destinar a casa de la juventud, se adquiriera por casi el doble del valor tasado por el Ayuntamiento.
Este martes declararon en primer lugar los acusados, Norberto Plasencia, que entonces era el concejal al frente de la Gerencia de Urbanismo, dijo que él llevaba solo unos meses como responsable y que se limitó a tramitar un expediente que tenía informe favorable de la Intervención y de legalidad, sin saber quién tomó la decisión de comprar. Tampoco comprobó que en la misma notaría a la que acudió a firmar la compraventa se acababa de modificar la escritura a petición del vendedor para que el Ayuntamiento se hiciera cargo del impuesto de plusvalía, en contra de lo aprobado por el consejo de administración.
El segundo de los acusados, Víctor Reyes, trató de descalificar el informe de la técnico municipal Berta Álvarez, que valoraba en 332.000 € la casa, porque estaba mal calculado, no había referencia de que se hubiera visitado la casa ni había planos de la misma… y consideró que el precio acordado entre el Ayuntamiento y los propietarios era adecuado, dentro de parámetros normales.
Además añadió que el jefe de dicha técnico, Epifanio Gómez, presente en la reunión del Consejo de administración de la Gerencia, no hizo ningún comentario al respecto, ni defendió el informe de Álvarez.
El primer testigo en declarar fue uno de los propietarios del palacete, Francisco Alonso Siliuto, que se contradijo en reiteradas ocasiones afirmando que nunca se reunió con concejales del ayuntamiento para negociar la venta del inmueble, y al tiempo reconocía ser el autor de los diversos escritos que presentó en el ayuntamiento, en los que se hacía clara referencia a acuerdos tomados en distintas reuniones con el teniente de alcalde y algunos ediles.
Siliuto también reconoció haber puesto como condición que la plusvalía la pagara el Ayuntamiento, y que el día que se fue a firmar ante notario la escritura, como comprobó que faltaba esta cláusula, previamente acordada, exigió que se incluyera y así lo hicieron, sin que ni el notario ni nadie le advirtieran de que la ley establece que el pago corresponde al vendedor.
Otro de los testigos en esta sesión fue José Tomás Martín, que fue gerente de Urbanismo, quien también se reiteró en que el expediente contaba con informes favorables y que no hubo reparos en el consejo de administración que lo aprobó.
Reconoció que no es habitual que el Ayuntamiento abonase la plusvalía, pues aseguró que por ley le corresponde abonarla al vendedor.
José Luis Roca, ex interventor delegado de Urbanismo, llamado también como testigo del caso, reconoció haber informado favorablemente que el Ayuntamiento pagara la plusvalía porque no se se había dado cuenta de que había una discrepancia entre el acuerdo del consejo de administración y la escritura notarial. Posteriormente “le percataron” de este hecho, por lo que elaboró otro informe avisando de esa discrepancia.
Dámaso Arteaga, concejal miembro del Consejo de Administración, también firmante del acuerdo de compra, también reconoció que votó a favor prácticamente sin leer el Informe, ni siquiera la propuesta de resolución de solo dos páginas…, donde se especificaba la existencia de tres valoraciones, desechando la del Ayuntamiento por casi la mitad de precio que la elegida , porque “contaba con informe favorable de la Intervención municipal y del secretario de la Gerencia” .
El abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura insistió reiteradamente y con dureza, en plantearle si no se extrañó -como mínimo- de este hecho y tras los rodeos del edil, le planteó una pregunta que, de haber sido contestada, lo hubiera puesto más a ún en evidencia. “¿Si en lugar de tratarse de la compra de una casa por parte del ayuntamiento, la casa fuera para usted a nivel personal, también hubiera aceptado como normal no tomar en cunta la tasación más baja?”, sin embargo la magistrada impidió que Arteaga contestara a la pregunta.