La Asociación para la Defensa de la Sanidad repudia a la donación de la Fundación Amancio Ortega de 17 millones al Gobierno de Canarias para la compra de equipos para el tratamiento oncológico
«Ante el entusiasmo que derrochan por este motivo tanto el Presidente Clavijo como el Consejero Baltar no podemos sino sonrojarnos de vergüenza ajena y puntualizar:
Desde la dignidad del pueblo canario, nuestra Comunidad no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Menos aún de quien siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.
Desde nuestras necesidades y carencias, aspiramos a una adecuada financiación de las mismas mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando a la sanidad pública, ese podría ser el destino de la Reserva de Inversiones de Canarias, fórmula legal de evasión de impuestos instituida por Coalición Canaria. Sería la forma de que no nos falte nada en nuestro sistema de salud, si es que lo que realmente falta es más tecnología.
Sobre algunas “Fundaciones filantrópicas”
Como la Fundación Amancio Ortega. Si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos
Defendemos el derecho a la salud de todos y todas las personas. Y la salud depende de sus determinantes sociales, como la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, etc. Si estas grandes empresas del Estado, deslocalizan gran parte del trabajo productivo en Bangladesh o Marruecos, deberían tratar de armonizarse los derechos de todas las personas que forman la cadena de productores y consumidores. Le sugerimos que el lobby textil se una a la iniciativa legislativa recientemente aprobada en el Parlamento Europeo para obligar a los proveedores de la industria textil que abastecen a la Unión Europea a respetar los derechos humanos de sus trabajadores en todo el mundo. Si quiere pasar por empresa ética es en ese nivel donde tiene que demostrarlo y no ofreciendo regalos a quienes no le aprietan las clavijas fiscales.
Sobre la penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica
Por otro lado, hay que valorar la oportunidad y necesidad del “regalo tecnológico” en el contexto del Servicio Canario de la Salud. Si lo que interesa es la salud, hay que valorar el impacto de los aceleradores lineales, mamógrafos y otro aparataje sobre la salud de las personas de Canarias. En el momento evolutivo de nuestro Sistema de Salud, la evidencia científica ha demostrado que el incremento tecnológico apenas logra incrementar los niveles de salud, estamos en la fase “plana” o incluso decreciente (por los efectos secundarios) de la curva tecnologia-salud. Superada la fase salubrista y agotada la fase sanitaria, urge abordar la fase social. La tecnología, sea diagnóstica o terapeútica, se utiliza mal, en exceso y practicamente sin control de costes. Hay despilfarro, mala utilización, bajo rendimiento y efectos adversos por exceso relativo. Los resultados son pobres y de alto coste. Y en personas de edad avanzada los supuestos beneficios de la tecnología son marginales y a menudo a costa de mala calidad de vida (dos de cada tres pacientes de cáncer son mayores de 80 años). Lo que significa que, si seguimos así, a mas tecnología, más despilfarro. No es más tecnología lo que hace falta, sino mejor utilización y sobre todo, insistir en otras políticas de carácter social de las que depende en gran medida la salud, especialmente como consecuencia de la crisis económica, las políticas neoliberales y los factores demográficos.
Sobre los Determinantes Sociales de la salud
En esta fase de desarrollo de nuestro Sistema Sanitario, éste solo contribuye en un 11% a la salud. El resto depende de la biología humana, el ambiente o el estilo de vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, etc. Condiciones cada vez mas deterioradas con las políticas de recortes y con la creciente desigualdad producida por las políticas neoliberales.
Sobre el final de la fase sanitaria y el principio de la fase social
No es de recibo que se siga incrementando la carrera de la tecnología, que se dediquen costosos recursos que casi solo favorecen a la industria, mientras que muchas familias carecen de lo más elemental para poder conservar su salud. Las inversiones mas rentables son preventivas. Las autoridades suelen cargar con los programas de cribado y la promoción de hábitos saludables, pero olvidan lo más importante, mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, son muchas las organizaciones que insisten en advertir de la influencia en la salud de la extensión y persistencia de la pobreza en nuestro país, la precariedad, la exclusión y el incremento de las desigualdades. El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%. Casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas) no tienen ningún ingreso. El desempleo en 2016 era del 19,6%, el doble de la media de la CE y el mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado un 10%, el valor de las acciones empresariales se ha multiplicado por 5 en los últimos 25 años.
Sobre los recortes
Lo primero que deben hacer los gobiernos es recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el RDL 16/2012 y el RD 1192/2012 que retiró 873.000 tarjetas sanitarias y la reforma sanitaria, con sus recortes y copagos. Esta reforma afecta en especial a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a desempleados y en paro de larga duración que permanezcan fuera del Estado español por más de 90 días. Sus graves consecuencias no se han evaluado, salvo la red de ONGs REDER que está registrando muchas de las incidencias derivadas como falta de información, barreras administrativas, facturación, etc
Sobre la pretendida colaboración “público-privada”
Estamos hartos de escuchar de los gobiernos neoliberales su mantra de la “colaboración público-privada” o la “necesidad de crear riqueza”, cuando lo primero es una falacia dada la divergencia de intereses de ambos sectores y lo segundo una ambigüedad que sugiere que todos vamos a ganar algo, cuando las evidencias revelan su verdadero significado: “riqueza para unos pocos y aumento de la desigualdad social”
La realidad es muy diferente de esta pretendida armonía igualitaria: la medicina privada en Canarias crece a expensas del deterioro de la pública. Desde 2011 se ha incrementado hasta un 18 % el porcentaje de población que cuenta con un seguro privado. El Consejero Baltar pertenece a ese mundo, nada más y nada menos que como vicepresidente estatal de la patronal de la sanidad privada.
Sobre la salud “en todas las políticas”
Mejorar la salud también requiere atender los determinantes sociales de salud mediante acciones en otros sectores, como derogar la Reforma Laboral para acabar con la precariedad; una renta mínima; atender a las 340.000 personas dependientes que no reciben atención, o el rescate de los parados de más de dos años.
Y sobre las alternativas frente a la “insostenibilidad del sistema público”
Hay que combatir la falacia de la insostenibilidad del Sistema Público de Salud, un pretexto para privatizar la sanidad y hacerse con la gran bolsa de recursos a costa de mas desigualdades en salud. Privatizar es mas caro, como se ha demostrado ampliamente desde las políticas de Thatcher, mientras que nadie ha demostrado los pretendidos beneficios de la privatización. Hay una escasez de recursos. Nuestro gasto público sanitario es inferior a la media europea (aprox 1.500 € gasto sanitario público per cápita) Bajó del 7,2% PIB en 2008 al 6,4% en 2013, sobre todo en Atención Primaria; La recaudación es escasa y no se combate eficazmente el fraude fiscal; Hay un elevado gasto farmacéutico por mala utilización, escaso control de utilización (hospitales), precios y patentes; encarecimiento por procesos privatizadores; Escasa importancia de la Atención Primaria, eje del Sistema, la más resolutiva y económica; Faltan camas de media y larga estancia; etc.».