SB-Noticias.- El Grupo parlamentario Podemos ha vuelto a presentar una batería de enmiendas en la Comisión sobre la Ley del Suelo para intentar frenar el “coladero” que el Gobierno quiere fabricar con esta herramienta para la especulación, pero según denuncia la diputada Natividad Arnáiz “han sido rechazadas porque el equipo de Clavijo tiene una hoja de ruta marcada por el interés de una minoría que va en perjuicio de la riqueza de todo el pueblo canario”.
Así, en la disposición adicional primera, el Grupo incidía en que el órgano ambiental debe ser de la Comunidad autónoma y debe ser especializado, siendo este el competente para la evaluación ambiental en las actuaciones de interés público o social en suelo rústico. Una enmienda que no ha sido aceptada.
Como tampoco la que proponía que la planificación sectorial no pueda tener en ningún caso prevalencia sobre la ordenación ambiental y los recursos naturales.
Sobre la disposición adicional cuarta, la diputada ha explicado que “desde podemos entendemos que crear un censo sobre edificaciones en el dominio marítimo terrestre, en la costas, donde se incluyen la servidumbre de tránsito que es de competencia estatal, no tiene ningún sentido, más que el gasto público que ello originaría, y que en cualquier caso los instrumentos propios de planeamiento general o especial pudieran contenerlo sin la necesidad de un mandato legal como éste”. Y en ese sentido iba la enmienda del grupo que no fue aceptada.
Podemos tampoco comparte que el traslado total o parcial de núcleos de población que se encuentren en el litoral o sitios de interés, se pueda realizar a zonas aisladas, “esto va en contra del modelo de movilidad sostenible y accesibilidad”, destaca la diputada, quien aboga por situarlos cerca de núcleos urbanos ya existentes: “Ya tendrías dotaciones, sería por lo tanto más económico, y no implica dispersar la población”, argumenta.
Podemos también advierte que la disposición adicional decimosexta permitirá que los suelos urbanizables o aptos para urbanizar no adaptados a esta Ley, pasen a ser suelos rústicos común, con lo que se les permitirán todas la actuaciones y usos previstos en esta norma para esta clase de suelo. “Desde Podemos entendemos que las actuaciones en estas circunstancias solo debieran ser provisionales, hasta que el Planeamiento General se pronuncie sobre la clasificación del mismo y sus usos”, argumenta la diputada.
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Sobre la declaración de interés general autonómico que el proyecto de ley otorga a cualquier futuro convenio en relación a la actividad científica que se desarrolla en los observatorios astrofísicos de canarias, Podemos entiende que esto constituye una carta blanca a cualquier clase de actividad objeto del convenio, circunstancias que debieran analizarse antes de esta declaración. “No debemos olvidar que las competencias internacionales no las tiene el gobierno de Canarias”, advierte Arnáiz.
Por otro lado los equipamientos o edificaciones autorizables, son aquellos vinculados, en exclusiva a la actividad científica, “pero nunca que se deje al Instituto de Astrofísica autorizarlas, y que ello supondría un incremento en el consumo de suelo rústico, cuando pudiera usarse el suelo de los núcleos urbanos cercanos y que esta actividad generase ingresos en las poblaciones cercanas”, sostiene la diputada, según quien la propuesta formulada por CC “podría estar dirigida a facilitar el desarrollo de otras actividades como el turismo estelar, con alojamientos turísticos o de restauración”.
OTRAS NOTICIAS
Podemos advierte a Morales de que está “vigilando de cerca” qué decisión adopta respecto a las empresas de seguridad piratas
Tras la última manifestación en Puerto del Rosario de los trabajadores miembros del sindicato FTSP-USO, que están “bajo amenaza de despido” por oponerse a las malas prácticas de empresas «piratas» de la seguridad privada, y que según sus palabras tienen como hábito «incumplir el Convenio Colectivo Nacional generando convenios de empresa propios, o defraudar a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social a través de argucias legales utilizando la reforma laboral”, Podemos Fuerteventura quiere volver a manifestar su apoyo al colectivo y advierte al presidente del Cabildo de que “vamos permanecer vigilantes ante la decisión a tomar con respecto a la prórroga del contrato de Marsegur, S.A. y de su proceder en cuanto a seguir permitiendo que empresas de este tipo sigan siendo adjudicatarias de contratos públicos del cabildo”, en palabras del consejero Andrés Briansó.
Y es que, según recuerda el consejero, “todas las evidencias, corroboradas por múltiples sentencias firmes a favor de los trabajadores por vulneración de sus derechos, ponen de relieve cuales son las consecuencias de contratar a esta clase de empresas, por el simple hecho de que presenten una oferta económicamente más ventajosa. Es evidente que es necesario incorporar cláusulas sociales a los concursos públicos, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena”, asegura.
Dentro de este tipo se empresas se encuentra Marsegur, S.A., última adjudicataria del contrato de seguridad de las instalaciones del Cabildo de Fuerteventura, cuyas continuas y patentes irregularidades para con sus trabajadores llevaron hace meses al cabildo majorero a iniciar proceso de rescisión de contrato si bien, como ha podido comprobar el grupo Podemos, este no se ha materializado y parece que ahora, al límite de tomar una decisión de prórroga del contrato a esta empresa por parte del presidente insular Marcial Morales (CC), este no mantiene una postura clara y decidida ante las evidentes agresiones contra los derechos de los trabajadores.
Cabe recordar que el diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez, tras reunirse en enero con varios trabajadores afectados en Fuerteventura, también ha llevado el asunto al Congreso, donde Rodríguez ha realizado una batería de preguntas y solicitudes de información sobre los contratos públicos del Estado adjudicados a las llamadas empresas ‘pirata’ de seguridad, y en concreto, sobre el contrato del Ministerio de Defensa y del SEPE con la empresa Marsegur seguridad.