Entrevista en Radio San Borondón
El abogado acusa al Gobierno de estar ‘metiendo la tijera’ no sólo a la acción popular sino al Estado de Derecho
SB-Noticias.- El abogado José Pérez Ventura (Justicia y Sociedad) analizó la situación actual de la justicia y en particular el alcance de la restricción de la acción popular.
Ventura afirma que el Partido Popular, en comandita con el PSOE, están en la lógica de restringir la acción popular, lo que significaría una pérdida importante de garantías y en la calidad del estado de derecho.
Advierte que las acciones populares son un mecanismo de los pocos interesantes del sistema penal español y su eliminación supone garantizar la impunidad de algunos: “mediante este sistema, cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal para la persecución de delitos públicos, lo que permite que por interés general, pueda exigir que la justicia actúe y se depuren responsabilidades penales por delitos públicos”.
El abogado recuerda que la Constitución establece dos mecanismos de intervención en la justicia: el Tribunal de Jurado y la Acción Popular.
“Con una Fiscalía domesticada y eliminada la acción popular -que a veces suple la ausencia acusadora del ministerio público- es la forma de garantizarse la impunidad” , afirma el abogado, que añade que la Fiscalía, que funciona en base a un principio de jerarquía, si en un determinado momento no interesara ejercer la acción penal contra determinadas personas, el Fiscal General del Estado (nombrado por el gobierno) pude ordenar no ejercer la acción penal o dejar de hacerlo.
Acusa al Gobierno de estar ‘metiendo la tijera’ no sólo a la acción popular sino al Estado de Derecho “la acción popular es instrumental de lo que significa la afirmación de un estado de derecho y de la justicia como tal, y recortarla significa recortar el estado de derecho y la democracia”.
Ventura califica esta reforma de inspiración berlusconiana, igual que la reforma que se hizo el pasado año de la ley de enjuiciamiento criminal imponiendo plazos limitativos para limitar la instrucción en los procedimientos penales, como hiciera Berlusconi en Italia, con el objetivo de favorecer sus intereses.
Considera que la limitación del plazo para instruir, que puede parecer en principio loable, no lo es tanto porque «si limitas el tiempo que los jueces tienen que hacer su trabajo pero no les facilitas los medios para hacerlo más rápido, lo que haces es crear grandes agujeros de impunidad, donde los favorecidos son los imputados poderosos, que pueden permitirse cotizados abogados para retrasar la instrucción, poner obstáculos al proceso y que al final todo quede en papel mojado».
En definitiva, para el abogado, esto forma parte de una una gran mascarada, lo que está detrás de todas estas modificaciones es recortar en justicia con la finalidad de garantizar la impunidad de “los nuestros”, poner el BOE al servicio de la impunidad de los corruptos.