Luis Campos advierte de que los proyectos de interés insular y autonómico, sean públicos o privados, son la «esencia de la desregulación y la discrecionalidad»
Nueva Canarias (NC) ha rechazado hoy la consolidación, en la ponencia del Proyecto de Ley (PL) del Suelo de Canarias, de las «puertas traseras para saltarse» el planeamiento a través de los proyectos públicos o privados declarados de interés insular o autonómico. El portavoz adjunto del grupo parlamentario de NC, Luis Campos, advirtió de que los citados proyectos son la «esencia de la desregulación» del territorio en las islas y de la «discrecionalidad». Para NC, «se impone el urbanismo en función de un proyecto en lugar del urbanismo planificado, lo que compromete el desarrollo sostenible y el interés general».
Luis Campos ha defendido hoy la supresión de los artículos del 124 al 133 del PL, relativos a la primacía de los proyectos de interés insular y autonómico sobre el planeamiento insular y municipal. Frente al bloque conservador de CC, PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), el portavoz adjunto de NC ha criticado uno de los aspectos más perjudiciales y peligrosos contenidos en esta iniciativa y que justificaron, en un primer momento, la petición de devolución del texto al Gobierno de Canarias a través de la enmienda a la totalidad.
Estos proyectos, en opinión de NC, son aprobados por la administración autonómica o insular y pueden «legitimar la rápida implantación» de cualquier actividad, «desplazando» al planeamiento existente.
«Se consolida la desregulación del territorio y la discrecionalidad», según Luis Campos, al «permitirse puertas traseras para saltarse el planeamiento» a las ya contenidas en el citado proyecto de ley en los artículos 64 y 169. Estos dos artículos, explicó, permiten que, por razones de urgencia o circunstancias sobrevenidas, de manera excepcional puedan obviarse las determinaciones de los planes generales de ordenación y los planes insulares.
El portavoz adjunto de los nacionalistas de izquierdas ha defendido sus enmiendas en base a los informes y alegaciones de organismos, como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que defiende la necesidad de que los citados proyectos, con anterioridad a su declaración de interés insular o autonómico, sean sometidos a la participación pública, es decir, a la opinión de los agentes sociales y territoriales afectados.
Refirió también la advertencia del Consultivo y de cabildos, como el de Gran Canaria, para que sean sometidos a la evaluación de impacto ambiental, como establece la legislación estatal básica, así como las alegaciones ciudadanas, registradas en el Parlamento, para «limitar» los efectos de la declaración de utilidad pública o de interés social además de la ocupación y la urgencia de la tramitación a efectos de las expropiaciones.
Luis Campos alertó sobre las consecuencias de desarrollar proyectos que no están planificados, sobre la sustitución del «urbanismo de planeamiento por el urbanismo de proyecto», al considerar que dará lugar a intervenciones en el territorio «sin conexión, dispersas, lo que compromete el desarrollo sostenible y el interés general».