SB-Noticias.- Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), denuncia que Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife “debe ser el único político de España que pide reducir los derechos políticos y discriminar precisamente a las personas a las que representa, al apoyar la triple paridad, es decir, que el voto de la ciudadanía tinerfeña valga menos en el Parlamento de Canarias”.
Según Trujillo, la defensa que hace Alonso de la triple paridad “provoca que, cuando el Parlamento de Canarias toma una decisión sobre Tenerife, quienes representan a Tenerife sólo aporten el 25% de los votos sobre esa decisión. Pero quienes representan a las islas no capitalinas aporten el 50% de los votos sobre una decisión que sólo afecta a Tenerife, aunque sólo representen el equivalente al 41% de la población tinerfeña”.
El portavoz de IUC señala que, “cuando se trató recientemente la cuestión de las canteras de Güímar, en el Parlamento de Canarias, que sólo afectaba a Tenerife, el voto de quienes representaban a las islas no capitalinas valía 2,4 veces más que el voto de quienes representaban a la ciudadanía tinerfeña. Es un ejemplo de clara discriminación contra la ciudadanía tinerfeña, apoyada por Carlos Alonso, a la que se impide tener una representación proporcional a su tamaño para influir en asuntos que sólo afectan a Tenerife”.
Trujillo afirma que, “cuando Alonso defiende la triple paridad, está exigiendo que cada persona tinerfeña influya menos, a través de su voto, en cómo serán su sanidad pública, o su educación pública, que cada persona de una isla no capitalina. Se está negando el idéntico derecho de cada persona a influir por igual en cómo son su sanidad o su educación. El presidente del Cabildo de Tenerife está exigiendo mantener reducidos los derechos políticos de la población tinerfeña”.
Por último, el portavoz de IUC señala “que los iguales derechos se garantizan reconociéndolos a toda persona y no con mecanismos de sobrerrepresentación a la carta para que Coalición Canaria gane una elecciones siendo tercera fuerza en votos. No se puede confundir la legalización de un fraude electoral con criterios razonables de representación territorial que nadie rechaza”.